El PMA condenó en un comunicado "enérgicamente los recientes ataques" contra su convoy, y anunció la suspensión de "todas sus actividades en el condado de Baliet hasta que se garantice la seguridad de su personal" y que el Gobierno sursudanés tome "medidas inmediatas para recuperar los productos robados".
"Entre el 30 de enero y el 1 de febrero, un convoy del PMA de 12 embarcaciones que transportaba más de 1.500 toneladas de asistencia alimentaria vital fue atacado en múltiples ocasiones por jóvenes armados", denunció la organización.
El PMA detalló que después del ataque, el convoy fue "saqueado en varios lugares del condado de Baliet" durante la noche sin que las autoridades interviniesen, pese a haber recibido "garantías de seguridad" para su movimiento.
"Los ataques contra trabajadores humanitarios son inaceptables. Instamos encarecidamente a todas las partes implicadas en el conflicto a que respeten el papel fundamental del personal humanitario y a que protejan las instalaciones y los recursos indispensables para la prestación de asistencia humanitaria", señaló.
Asimismo, la organización advirtió de que "las restricciones de acceso y los ataques descarados contra convoyes humanitarios amenazan con poner en peligro la capacidad del PMA para llegar a más de 4,2 millones de las mujeres, hombres y niños más vulnerables".
La inseguridad ya ha obligado a la organización de la ONU a suspender su plan de proporcionar "12.000 toneladas de alimentos antes de la temporada de lluvias" en el estado de Jonglei, en el este del país, zona que preocupa "profundamente" al PMA.
Los estados de Jonglei y Alto del Nilo son los más afectados por las tensiones entre el Gobierno sursudanés y las fuerzas de la oposición armada en el país, cuyo impacto se refleja en los miles de desplazamientos, el aumento de inseguridad alimentaria y los índices de desnutrición.