Tras el arresto, sobre el que se desconocen detalles, el presidente de la Comisión de Derechos y Libertades del Parlamento, Thabet el Abed, señaló que "todo enjuiciamiento o detención relacionado con la libertad de expresión, por muy cuestionable que fuera, debe estar en el marco de la ley, respetando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa".
Agregó que la libertad de expresión y las garantías jurídicas "no están vinculadas a las personas ni a sus posiciones, sino que constituyen derechos constitucionales fundamentales" de cualquier ciudadano.
Abed destacó que la comisión que preside continuará supervisando y vigilando "el respeto a los derechos y libertades", al margen de "cualquier alineación política o instrumentalización".
En opinión de los compañeros de escaño de Ahmed, la detención constituye una "violación de los arreglos legales", por lo que exigieron su liberación y pidieron a las autoridades judiciales que se manifiesten sobre el procedimiento y los motivos reales del arresto.
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Por su parte, el activista Sami Handous dijo, a través de Facebook, que Saidani "podría ser procesado por algunas de sus declaraciones en el pasado" o por sus críticas a Said, acentuadas en las últimas semanas.
Saidani fue elegido como diputado en 2022, en unas elecciones parlamentarias con muy baja participación, después de que Said -en el poder desde 2019- disolviera el Parlamento en 2021.
Entonces, Said, mediante un golpe de mano, se arrogó plenos poderes para "rectificar" el curso de la transición democrática, y destituyó también al Ejecutivo e implantó un nuevo proyecto político que modificó la Constitución hacia un sistema ultrapresidencialista.
Desde la llegada de Said a la presidencia, varios políticos opositores, activistas, jueces o empresarios críticos con las políticas del Gobierno, entre otros, fueron detenidos por supuestos delitos relacionados con ataques diversos al sistema.