La semana pasada se aprobó un plan del Gobierno de Israel para facilitar su control de tierras administradas por la Autoridad Palestina según los Acuerdos de Oslo, vigentes desde la década de 1990.
El domingo ocurrió lo mismo con un proceso para registrar tierras en Cisjordania -ocupada por Israel desde 1967- como “propiedad del Estado”.
“Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales israelíes destinadas a ampliar la presencia ilegal de Israel en Cisjordania”, declararon en un comunicado los 85 Estados miembros, entre ellos Francia, China, Arabia Saudí, Rusia, y organizaciones como la Unión Europea y la Liga Árabe.
Los países reafirmaron su “firme oposición a cualquier forma de anexión” y agregaron que “estas decisiones (...) deben ser revocadas de inmediato”.
Según se lee en el documento, los Estados concuerdan con que las medidas de Israel modificarían la composición demográfica, la naturaleza y el estatuto del territorio palestino ocupado incluido Jerusalén Este.
“Estas medidas violan el derecho internacional, comprometen los esfuerzos encaminados a la paz y la estabilidad en la región (...) y ponen en peligro la perspectiva de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto”, añadieron.
La ONU, varios países árabes y la UE ya habían denunciado el lunes la adopción por parte de Israel de estas medidas.
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Intenciones “ilegales”
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se refirió a las intenciones del Gobierno israelí como “ilegales” y pidió darles “marcha atrás de inmediato”.
La oenegé Paz Ahora afirmó que este proyecto equivaldría a una extensión de Jerusalén hacia Cisjordania sin precedentes desde finales de la década de 1960.
Excluyendo Jerusalén Este, ocupado y anexado por Israel, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania, considerados ilegales según el derecho internacional.
Allí también habitan cerca de tres millones de palestinos.
La ONU reportó que la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania alcanzó en 2025 su nivel más alto desde 2017, cuando Naciones Unidas comenzó a recopilar estos datos.