"En respuesta a los ataques del Ejército paquistaní contra las provincias afganas de Nangarhar y Paktika, en los que decenas de compatriotas murieron como mártires y resultaron heridos, el Ministerio de Asuntos Exteriores del IEA convocó al embajador de Pakistán en Kabul", indicó un comunicado difundido en su cuenta oficial.
Los talibanes señalaron que durante la reunión se entregó al diplomático paquistaní una carta formal de protesta y condena por la violación del espacio aéreo afgano, calificando los hechos como una "clara vulneración de la integridad territorial de Afganistán y un acto provocador".
Según las autoridades afganas, los bombardeos afectaron a áreas residenciales con civiles. Los equipos de emergencia continúan el rescate bajo los escombros, en un contexto en el que la falta de maquinaria pesada dificulta las labores de búsqueda.
Según el último balance ofrecido por autoridades locales afganas, al menos 17 civiles murieron, incluidos 11 niños, y otras cinco personas resultaron heridas en los ataques.
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Pakistán confirmó haber realizado la operación y señaló en un comunicado oficial que se trató de "ataques selectivos basados en inteligencia" contra supuestos campamentos de grupos insurgentes en la región fronteriza, sin detallar la ubicación exacta de los objetivos ni ofrecer cifras de víctimas.
Pakistán sostiene que el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), un grupo insurgente ideológicamente afín a los talibanes afganos pero organizativamente separado, encuentra refugio en Afganistán y es responsable del aumento de la violencia en territorio paquistaní. Kabul siempre ha rechazado estas acusaciones.
Afganistán atraviesa una profunda crisis económica desde la llegada al poder de los talibanes en 2021, marcada por el aislamiento internacional, el colapso financiero y graves limitaciones en infraestructuras y recursos, factores que complican la respuesta ante emergencias como la registrada tras los ataques.
