"La toma de los puertos por parte del Estado panameño es un punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión. PPC objeta firmemente los pasos del gobierno para desarrollar y llevar adelante su toma ilegal sin transparencia ni coordinación", indicó en un comunicado PPC, empresa filial del conglomerado chino CK Hutchison Holdings.
La reacción de PPC se produce después de que el Gobierno de Panamá asumiera este lunes, a través de un "decreto de ocupación", el control de los dos puertos cercanos al Canal, cuya concesión en manos de la filial quedó anulada por un fallo judicial inapelable del Supremo.
La compañía afirmó que el Estado asumió el control de ambos recintos portuarios este lunes 23 de febrero de 2026, mediante el ingreso directo del Estado a los puertos y "la interferencia directa con la propiedad y el personal de PPC, obligando a PPC a cesar las operaciones portuarias".
El decreto de ocupación, según la empresa, abarca grúas, vehículos a motor de cualquier índole, computadoras, programas, software y demás bienes de cualquier naturaleza, tanto dentro como fuera de las instalaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal.
"El Estado (panameño) es responsable de cualquier y todo perjuicio o daño causado por sus propias acciones confiscatorias", advirtió PPC.
También señaló que, de forma simultánea a la publicación oficial, representantes del Gobierno —incluyendo delegados de la Presidencia, de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)— se presentaron sin previo aviso en las terminales, particularmente en Balboa, donde entregaron una comunicación de la AMP en la que se indica que la concesión de PPC “ya no existe”, que los puertos son propiedad estatal y que la compañía "debe cesar operaciones" de inmediato.
El Supremo de Panamá anuló la concesión a PPC en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general, Anel Flores, contra el contrato, que calificó de “leonino” y lesivo a los intereses de la nación.
La filial de CK Hutchison Holdings afirmó que en las últimas semanas mantuvo gestiones para dialogar con las autoridades, con el fin de proteger a su personal, proveedores y clientes, pero que no recibió “seguridad, claridad ni transparencia” sobre la continuidad operativa ni sobre un eventual plan estatal para asumir el control de los puertos.
PPC y sus inversionistas informaron que “se reservan todos los derechos y recursos legales contra el Estado, sus agentes y terceros, incluyendo la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional y a mecanismos de protección de inversiones bajo tratados”, al tiempo que manifestaron su disposición a buscar soluciones a la crisis.