Durante la audiencia, el juzgado evaluará los aspectos formales de la acusación en el caso originado por la decisión que tomó Sagasti en noviembre de 2020 de retirar a 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Sagasti cambió a los mandos de la PNP luego de las protestas sociales que se produjeron tras la destitución por el Congreso de Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino, quien renunció solo cinco días después de haber asumido la Presidencia en medio de grandes movilizaciones ciudadanas que dejaron dos jóvenes muertos en Lima.
Según la acusación, esa medida no cumplió con los criterios exigidos por las normas legales e implicó modificaciones en el orden de antigüedad dentro de la institución policial.
El Poder Judicial informó este martes en sus redes sociales que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para las 9:00 horas (14:00 GMT) de ese día la audiencia preliminar de control de acusación.
También confirmó que el exmandatario "es procesado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, en agravio del Estado".
Por este caso, la Procuraduría Pública (Abogacía General del Estado) ha solicitado que Sagasti pague una reparación civil de 400.000 soles (unos 119.000 dólares), junto con los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, ya que considera que la medida afectó la estructura interna de la PNP.
En abril del año pasado, el pleno del Congreso de Perú rechazó un informe legislativo que planteó inhabilitar a Sagasti para ejercer cargos públicos durante diez años, aunque sí aprobó solicitar que sea investigado por el Ministerio Público.
El exmandatario había quedado muy cerca de ser sancionado, luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el informe que recomendó acusarlo por una presunta infracción constitucional y por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
El informe legislativo señalaba que Sagasti emitió resoluciones que "arbitraria e ilegalmente" dispusieron el pase al retiro de tenientes generales y generales de la PNP, así como por haber designado a un nuevo comandante general de esa institución.
Aunque el exgobernante no acudió a ejercer su defensa ante el pleno del Congreso, ha defendido en reiteradas ocasiones que la decisión de pasar al retiro a los oficiales estuvo "estrictamente enmarcada" en la Constitución y en las leyes peruanas.