"Cada día las autoridades inventan nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram, en un intento por suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión", escribió Dúrov en su canal de Telegram.
Agregó que se trata de un "triste espectáculo de un Estado que teme a su propio pueblo".
El Kremlin acusó horas antes a Dúrov a negarse a cooperar con las autoridades después de que el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) le abriera una causa penal.
Esta mañana, los medios rusos informaron de que el FSB incoó una causa penal contra el dueño de Telegram denunciando que "la ilusión de anonimato trajo a la red de mensajería todo un ejército de radicales, drogadictos, asesinos y terroristas, lo cual se convirtió en una amenaza para nuestra sociedad".
Tras una campaña de ralentización de los servicios de mensajería por parte de las autoridades rusas, Dúrov denunció que los ataques a la libertad de red buscan obligar a sus usuarios a pasarse a una aplicación estatal "creada para la vigilancia y la censura política".
Las autoridades rusas comenzaron a restringir los servicios de Telegram, junto con WhatsApp, a mediados de 2025, cuando los rusos se quedaron sin poder realizar videollamadas a través de dichas aplicaciones.
La Justicia rusa exige a Telegram que, en línea con la legislación nacional, localice a los servidores que guardan los datos de los usuarios, lo que pondría en peligro la privacidad de los internautas.