Según informó este miércoles el cuerpo de los Carabinieri (policía militarizada italiana), la investigación se inició por las declaraciones de un testigo colaborador y ha permitido descubrir "numerosas actividades ilícitas lucrativas llevadas a cabo por miembros del clan Contini dentro del Hospital San Giovanni Bosco, gracias al poder intimidatorio de la organización criminal".
El clan operaba en el hospital mediante amenazas, extorsión e incluso violencia pero también con la colaboración y complicidad de funcionarios y empresas que trabajan en el centro para llevar a cabo actividades ilícitas que iban desde el control de zonas de bar y refrigerio hasta la obtención de "favores ilegales" a miembros del clan y grupos asociados, entre otros delitos.
Estos "favores", según los Carabinieri, incluían ingresos hospitalarios sin respetar los procedimientos de admisión o la emisión de certificados médicos falsos, incluso "para obtener excarcelaciones ilegales", así como "el transporte ilegal de cadáveres en ambulancia" en lugar del servicio funerario.
En estos casos, el clan contaba con la connivencia de una asociación que opera en el sector de servicios de ambulancia y con la complicidad de personal médico y paramédico, así como guardias de seguridad privada y empleados de otras empresas que prestaban servicio al hospital.
También con la colaboración de médicos y profesionales "obedientes", los sospechosos asimismo están acusados de haber llevado a cabo, en beneficio del clan Contini, numerosas estafas a compañías de seguros, simulando accidentes de tráfico, mediante la contratación de "falsos testigos" y la elaboración de informes periciales igualmente falsos.
Se ha revelado que el clan gestionaba zonas de bar, refrigerio y máquinas expendedoras del centro sanitario sin contar con las autorizaciones necesarias, sin pagar los alquileres a la autoridad sanitaria local y mediante el uso no autorizado de los servicios públicos del hospital "lo que generó una carga injustificada para las finanzas de la institución".
De momento, las pesquisas se han saldado con la detención de tres sospechosos y se ha dictado orden de arresto contra una cuarta persona.
Se les acusa de delitos de asociación mafiosa, participación armada, corrupción, perjurio, falsas declaraciones a las autoridades judiciales, falsedad en documentos públicos, transferencia fraudulenta de bienes, acceso no autorizado a sistemas informáticos, extorsión, usura, blanqueo de capitales y autoblanqueo.
Entre los investigados, se encuentra un abogado que presuntamente prestaba servicio profesional al clan y que canalizaba información desde y hacia el entorno penitenciario, en particular sobre sumas de dinero (el llamado "mesate") destinadas a las familias de los miembros de la red.
También supuestamente prestaba servicios de consultoría para mantener y aumentar el patrimonio acumulado del clan, contribuía a la ejecución de estafas de seguros reinvirtiendo las ganancias en la compra de activos valiosos (bienes raíces, automóviles y pinturas) y, finalmente, actuaba como intermediario con funcionarios públicos desleales para la adquisición de información confidencial.