La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa aprobó el martes el informe para segundo debate del proyecto denominado como 'Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía', calificado como urgente en materia económica, por lo que se debía tratar en un mes.
La iniciativa busca fortalecer el desempeño operativo de estos sectores mediante una regulación eficiente que promueva la generación de ingresos fiscales y divisas, y contribuya a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica del Estado.
El documento señala que en materia minera se reforman varios artículos de la Ley de Minería para reforzar la rectoría del Estado, precisar competencias institucionales y regular los actos administrativos previos a la actividad minera.
Además, actualizar el régimen de patentes de conservación y etapas de exploración y explotación, e incorporar un nuevo capítulo sobre fomento y promoción de la inversión, grupos mineros y áreas con protección de seguridad estratégica.
De acuerdo al informe, se introducen reformas para fortalecer los controles ambientales, el régimen de regalías, la distribución de recursos hacia los gobiernos autónomos descentralizados y la regulación de la pequeña minería y la artesanal, priorizando la sostenibilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo territorial.
Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, rechaza el proyecto al considerar que debilita el control ambiental y pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas.
Para la Conaie, la propuesta del Gobierno "prioriza la agilización de inversiones extractivas sin establecer garantías claras y exigibles para la consulta previa, libre e informada" de los pueblos indígenas, un derecho reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Advierte, además, que la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas reducen la consulta "a un procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo".
Asimismo, sostiene que la flexibilización de controles ambientales y administrativos, especialmente en el uso del agua, "debilita la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles" y afecta ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos, que califica como "pilares de la soberanía hídrica y alimentaria".
Considera que la iniciativa refuerza un modelo de dependencia extractiva que "ha profundizado la desigualdad y la criminalización de la defensa territorial", sin resolver problemas estructurales del desarrollo, y podría, además, aumentar la conflictividad social en los territorios.
Pero María Limongi, viceministra de Minas en funciones, asevera que el proyecto no reduce ni flexibiliza los controles ambientales ni modifica estándares técnicos, sino que se limita a armonizar la 'Ley de Minería con el Código Orgánico del Ambiente'.
Por otra parte, en el ámbito energético, el proyecto incorpora cambios a la 'Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica' para modernizar conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos y establecer reglas claras para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria, entre otros temas.