El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, afirmó que su colega de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, "atendió amablemente la solicitud" de abordar la problemática de la minería oro ilegal en una reunión que se celebrará en la zona fronteriza y en la que también participarán los ministros de Seguridad.
André explicó que el objetivo de Costa Rica es "evitar que el oro costarricense sea transportado por el río San Juan", fronterizo de soberanía nicaragüense.
De momento no se ha detallado el lugar de la cita de alto nivel.
El pasado lunes, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó que los mineros ilegales extraen oro en el país para procesarlo y venderlo en Nicaragua, por lo cual instó al país vecino a ejercer una mayor vigilancia en el fronterizo río San Juan donde existe una "ruta de contrabando".
"El robo del oro de los costarricenses lo llevan a cabo coligalleros (mineros ilegales) que utilizan rutas de contrabando que pasan por el río San Juan y llegan al país del norte (Nicaragua), donde el sedimento minero se procesa, se extrae oro y esos dividendos quedan", dijo Zamora el lunes en una declaración enviada a los medios.
Según Zamora, el material minero está siendo extraído de la localidad de Las Crucitas, provincia de Alajuela (norte) y el cerro Las Conchuditas, cerca de la frontera con Nicaragua, con la participación de redes de crimen organizado transnacional.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció recientemente que presentará este caso como uno de los problemas de seguridad de su país en la reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá con mandatarios latinoamericanos el próximo 7 de marzo en Miami.
En Las Crucitas iba a operar en 2010 una mina de oro a cielo abierto de la empresa canadiense Infinito Gold pero tras una extensa batalla legal, un tribunal costarricense anuló los permisos y la compañía no pudo comenzar a construir la mina.
El sitio fue aprovechado por mineros ilegales que utilizan técnicas dañinas para el ambiente y la salud como el uso de mercurio, lo que ha generado severos daños ambientales en la zona.
El Gobierno de Chaves impulsa un proyecto de ley para reactivar la minería de oro en Las Crucitas, el cual enfrenta el rechazo de ambientalistas y de un sector de la oposición, que establece que el Estado recibirá el 5 % de las ganancias del negocio que funcionará bajo el modelo de concesión en extracción y operación de la "Planta de Procesamiento Centralizada de Las Crucitas".
Además, el Ministerio de Ambiente y Energía será el encargado de realizar los concursos bajo el esquema de subastas para asignar uno o varios concesionarios que cumplan con términos ambientales.