La justicia condenó a 34 años y ocho meses de cárcel a once de los 16 militares detenidos, y a dos años y seis meses a los restantes cinco que se acogieron a la cooperación eficaz.
Asimismo ordenó medidas de reparación, entre ellas, que el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ofrezcan disculpas públicas a la familia y los niños "señalando que ellos, en ningún momento, se encontraban robando, y reconociendo que son víctimas de una desaparición forzada", dijo el abogado Fernando Bastidas, de la CDH.
En una rueda de prensa luego de haber recibido la decisión judicial por escrito, la CDH informó de que dos de los acusados apelaron la sentencia por la muerte de los menores Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años; Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, detenidos por militares la noche del 8 de diciembre de 2024, a las afueras de un centro comercial.
Tras la detención, los militares los llevaron hacia Taura, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Guayaquil, y no se supo de ellos hasta el 31 de diciembre, cuando la Fiscalía informó sobre haber encontrado unos restos calcinados en un sector cercano a donde fueron vistos por última vez.
Bastidas expresó su esperanza de que el Estado no espere a que la sentencia esté en firme para ofrecer las disculpas públicas que, en su opinión, debe darlas de forma presencial el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.
"El Gobierno no tiene que esperar a que haya una sentencia ejecutoriada para reconocer algo que desde el primer día lo sabíamos y se negaba a mencionar, y es que los niños son inocentes y son víctimas de desaparición forzada", subrayó.
Si el Gobierno de Daniel Noboa no ofrece las "disculpas públicas o resarcir todo el daño ocasionado" estaría revictimizando a las familias" afirmó.
Bastidas adelantó que hasta el próximo viernes, el CDH presentará un recurso de ampliación en función de las medidas de reparación integral, para que queden claro los plazos una vez ejecutoriada la sentencia y también la modalidad, sobre todo, de las disculpas públicas.
Acudir a instancias internacionales dependerá de la "voluntad de la ejecución de las medidas de reparación integral que el Estado ecuatoriano tenga", comentó.
Vivian Hidrobo, coordinadora de la Alianza de organizaciones de Derechos Humanos, calificó de "emblemática" la sentencia en el llamado caso 'Malvinas', que heredó el nombre del sitio donde vivían los menores.
Sin embargo, señalo que "este no es un hecho aislado: hay 43, al menos, personas que han desaparecido en Ecuador y el patrón ha sido más o menos el mismo".
De acuerdo a Hidrobo, la sentencia les dice a los policías y militares que alegar que estaban cumpliendo órdenes, entre otras argumentaciones, "no sirven en un Estado de derechos como es Ecuador".