En enero del 2025, GEO Group pidió a la máxima corte intervenir en el litigio presentado en 2014 por inmigrantes detenidos en un centro migratorio de Aurora, Colorado, que alegaron violaciones de la compañía de las leyes federales al pagarles un dólar diario como parte de un programa de trabajadores voluntarios y obligarlos a limpiar las celdas donde se alojaban sin compensación.
La querella judicial, encabezada por Alejandro Menocal, también argumentó que GEO supuestamente amenazó con poner en aislamiento a quienes se negaran a trabajar sin remuneración en dicho centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Los abogados de la compañía habían pedido al Supremo que analizara una cuestión técnica que supuestamente les daría "inmunidad" por ser contratistas del gobierno federal, por lo que no podrían ser demandados.
Sin embargo, en el fallo de hoy el máximo tribunal dijo que el asunto podría resolverse en el juicio.
"Si finalmente se le declara responsable, GEO podría apelar (...) Pero GEO debe esperar hasta entonces", escribió la jueza Elena Kagan en representación de la corte.
GEO Group había echado mano de un antiguo fallo de la máxima corte en el caso Yearsley contra W.A. Ross Construction Co., en el que un contratista fue eximido de responsabilidad por trabajos ordenados por el Congreso de Estados Unidos.
La compañía ya había perdido varios intentos por desestimar la demanda presentada por los migrantes detenidos en Aurora en tribunales inferiores.
El fallo del Supremo de hoy no significa que los inmigrantes demandantes hayan ganado el caso, pero sí abre la puerta a un juicio, a menos que se llegue a un acuerdo.