En una rueda de prensa, portavoces del tribunal informaron que los casos contra los grupos conocidos como las familias Ming y Bai, incluidos entre los llamados "cuatro grandes clanes" asentados en el norte de Birmania, han completado todos los trámites judiciales.
En esos procesos, 39 personas fueron condenadas a cadena perpetua o penas superiores, de las cuales 16 recibieron la pena capital con ejecución inmediata, recogió la prensa local.
Hasta finales de 2025, los tribunales chinos habían concluido en primera instancia más de 27.000 casos relacionados con redes de fraude en el norte birmano y condenado a más de 41.000 personas repatriadas desde esa zona, según los datos facilitados hoy.
El Supremo ofreció además un balance del periodo 2021-2025, durante el cual los tribunales de todo el país resolvieron unos 159.000 casos de fraude en telecomunicaciones y condenaron a más de 338.000 acusados.
Tras fuertes aumentos en 2023 y 2024, el crecimiento interanual del número de causas y condenados se desaceleró en 2025, una evolución que, según portavoces del tribunal, refleja resultados "por etapas".
El tribunal advirtió, no obstante, de que el fenómeno sigue siendo "grave y complejo", con estructuras cada vez más organizadas, métodos transfronterizos y la aparición de delitos asociados como homicidio intencionado, lesiones, secuestro, detención ilegal o trata de personas.
Los centros de ciberestafas proliferaron en Birmania, especialmente en zonas fronterizas con China, tras el golpe de Estado de febrero de 2021, que generó una fuerte inestabilidad y facilitó la expansión de redes delictivas transnacionales.
Estas estructuras operaban desde complejos cerrados bajo protección armada y combinaban fraude en telecomunicaciones con otras actividades como juego ilegal, trata de personas y delitos violentos.
Informes de Naciones Unidas han señalado que al menos 120.000 personas estarían retenidas en centros en Birmania donde son obligadas a cometer estafas en línea, en condiciones descritas por organismos internacionales como de "violencia extrema".
En los últimos años, China ha presionado a las autoridades birmanas y ha llevado a cabo operaciones conjuntas que derivaron en miles de repatriaciones y en la apertura de procesos judiciales contra las principales estructuras asentadas en la región.