García Ortiz había sido condenado en noviembre a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros (unos 8.500 dólares) de multa por un delito de revelación de datos reservados, así como a una indemnización de 10.000 euros (11.811 dólares) al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La decisión del Supremo era de prever porque los incidentes de nulidad no suelen prosperar, pero el paso por esa corte era necesario para que, agotada la vía de la jurisdicción ordinaria, ahora pueda recurrir ante el Constitucional.
García Ortiz había sido juzgado por la filtración de datos de una causa en la que está implicado González Amador, acusado de un presunto delito fiscal.
La sentencia inicial consideró probado que fue el ahora ex fiscal general o una persona de su entorno, con su conocimiento, quien filtró a una cadena de radio el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del empresario proponía un pacto al fiscal y reconocía que había cometido dos delitos contra Hacienda en busca de una rebaja en la petición de condena.
A García Ortiz también se le acusó de revelación de datos reservados en la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre ese mismo asunto.
"La libertad de expresión -aunque se tilde de institucional- no ampara la publicación de una nota informativa con datos confidenciales, que no deben ser divulgados y de los que se conoce por razón del cargo", ha dicho ahora el Supremo.
Su juicio fue inédito en España por ser el primero que sentó en el banquillo a un fiscal general en ejercicio y se celebró en medio de una gran expectación mediática.
Para el Alto Tribunal, la filtración del correo y la divulgación de la nota "conforman el hecho probado".
En la opinión difundida este jueves, la sentencia dictada contra él fijó además "de forma razonada y motivada" la indemnización de 10.000 euros al novio de Díaz Ayuso por daños morales "sin que pueda calificarse dicho razonamiento como arbitrario o contrario a las reglas de la lógica".
La Fiscalía había pedido en diciembre al Supremo la anulación de su condena por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, indefensión, vulneración del derecho a la legalidad penal y a la tutela judicial efectiva.
García Ortiz presentó en noviembre su renuncia en cuanto se conoció el fallo y sin esperar a conocer la motivación de la sentencia, y al hacerlo expresó su "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y la voluntad de "proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales".