En un mensaje publicado en X, Arreaza detalló que un total de 4.151 personas han sido beneficiadas con la medida, de las cuales 217 se encontraban encarceladas, mientras que otras 3.934 personas estaban en libertad restringida y con medidas cautelares, como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales.
El parlamentario agregó que las autoridades han recibido un total de 7.461 solicitudes de amnistía hasta este jueves, mientras que el proceso sigue en desarrollo en el país.
Hasta el momento se desconoce el listado oficial de los beneficiados, y la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, registraba hasta el martes 109 liberaciones de detenidos en cárceles desde el pasado viernes.
El Parlamento, de mayoría chavista, aprobó el pasado jueves una histórica ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Asimismo, creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, así como revisar casos "no contemplados" en ella, una función que también cumplirá el Programa para la convivencia y la paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La ley establece que las solicitudes de amnistía deben ser resueltas en un plazo no mayor a 15 días por los tribunales competentes.
Este lunes el sindicato de prensa venezolano denunció que varios tribunales se negaron a recibir las solicitudes y expresos políticos denunciaron el martes dilaciones en los trámites, mientras que Arreaza aseguró que las cortes están trabajando en estas solicitudes de forma continua desde el pasado fin de semana.
Por su parte, los familiares de presos políticos mantienen vigilias permanentes en las afueras de varias cárceles venezolanas para pedir la libertad plena de todos los encarcelados, que la ONG Foro Penal, que lidera su defensa, estima en más de 600.
El Gobierno, por su parte, niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que cometieron delitos.