El movimiento surge como un intento de desbloquear el actual punto muerto entre su rival, Anthropic, y el Pentágono sobre el uso ético de esta tecnología en el campo de batalla.
Según una nota interna enviada a los empleados el jueves y a la que tuvo acceso The Wall Street Journal, Altman busca establecer una hoja de ruta que permita el uso de la IA en defensa, siempre que se respeten una serie de "líneas rojas".
"Vamos a ver si hay un acuerdo con el Departamento de Guerra que permita la implementación de nuestros modelos en entornos clasificados y que se ajuste a nuestros principios", escribió Altman en el documento visto por el rotativo.
El líder de OpenAI escribió que solicitarían que el contrato cubra cualquier uso, "excepto aquellos que sean ilegales o no aptos para implementaciones en la nube, como la vigilancia doméstica y las armas ofensivas autónomas".
Altman afirmó que espera ayudar a negociar la paz entre ambos bandos. "Nos gustaría intentar ayudar a reducir la tensión", escribió.
The Wall Street Journal señala que OpenAI busca mantener estas barreras mediante medios técnicos, no contractuales, como la exploración de un contrato que solo permita el uso de su tecnología desde la nube, no en los llamados casos extremos, lo que prohibiría su uso en armas autónomas sin intervención humana.
"También construiríamos salvaguardas técnicas y desplegaríamos personal para colaborar con el Gobierno y garantizar que todo funcione correctamente, y ofreceríamos servicios similares a otras naciones aliadas", escribió Altman.
Asimismo, señaló en su nota que si OpenAI tiene éxito, "quizás esta sea una vía que también funcione para otros laboratorios de IA".
La negociación de OpenAI se produce tras semanas de tensiones entre el Pentágono y Anthropic.
El director ejecutivo de Anthropic de IA, Dario Amodei, rechazó recientemente las exigencias del Gobierno de permitir "todos los usos legales" de su modelo Claude, insistiendo en prohibir explícitamente su empleo en vigilancia masiva doméstica y armas ofensivas autónomas.
Este viernes, Altman, declaró a la CNBC que no cree que el Pentágono deba amenazar a la Ley de Producción de Defensa (DPA, en inglés) contra estas empresas.
La DPA es una ley federal de Estados Unidos creada en 1950 durante la Guerra de Corea que otorga al presidente poderes extraordinarios para obligar a las empresas privadas a priorizar los contratos gubernamentales y a expandir su capacidad de producción en nombre de la seguridad nacional.
Altman añadió que considera importante que las empresas opten por colaborar con el departamento siempre que cumplan con las protecciones legales y las pocas barreras que el sector comparte con Anthropic.
"A pesar de todas las diferencias que tengo con Anthropic, confío principalmente en ellos como empresa, y creo que realmente se preocupan por la seguridad, y me alegra que hayan apoyado a nuestros combatientes", declaró Altman en la entrevista con la cadena, pero dijo que no está seguro de cómo "evolucionará" la situación.