"El gendarme argentino fue víctima de una política de diplomacia de rehenes, utilizada para presionar, disuadir o castigar a Estados y representantes diplomáticos que denuncian la represión, las torturas y las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país", señaló la ONG en una publicación en X.
Asimismo, recordó que funcionarios del Estado venezolano lo mantuvieron aislado e incomunicado durante más de un año en un cárcel de máxima seguridad como el Rodeo I, en el estado Miranda (norte), "hoy señalado como uno de los centros de tortura más crueles del país".
La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) fue el primer organismo en informar de la liberación, al difundir una fotografía de Gallo al lado de un avión privado, en el que fue trasladado para salir de Venezuela.
Bajo el título 'Nahuel Gallo regresa al país. El fútbol, un puente humanitario', la AFA publicó en su página web oficial una foto de Gallo junto a dos directivos cerca del avión: el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo, Fernando Isla Casares.
Junto a la foto, la AFA expresó su "más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura".
La AFA también agradeció a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) "por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".
Minutos después, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez escribió en la red social X: "Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes".
Gallo, de 34 años, fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024 y acusado de actividades terroristas por supuestamente participar en un complot para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses.