Decenas de personas, en su mayoría de la etnia lenca, que viven en el oeste del país, defensores de derechos humanos y algunos ciudadanos extranjeros, acompañaron a las hijas de Bertha Cáceres en las manifestaciones para exigir justicia, no solo por la ambientalista, sino también por otros defensores de los recursos naturales como Juan López, asesinado el 14 de septiembre de 2024.
Bertha Zúniga indicó a EFE que está pendiente la ejecución de un requerimiento fiscal emitido contra los miembros de una familia de empresarios, que, según ella, serían los autores intelectuales del asesinato de su madre, el 2 de marzo de 2016, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el oeste de Honduras.
"Ese es el requerimiento y la petición concreta que tenemos en el Ministerio Público", subrayó.
Agregó que el domingo se iniciaron varias actividades, la primera en La Esperanza "para demandar el proceso de justicia y para seguir trayendo la memoria y el pensamiento de Bertha Cáceres", quien era la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y se oponía a un proyecto hidroeléctrico porque estaba causando daños ambientales.
Señaló además que los diez años sin su madre han sido "difíciles" y que aunque un grupo interdisciplinario de expertos identificó plenamente a quienes serían los autores intelectuales del asesinato de su madre, y que hay "importantes hallazgos que constatan y que no dan lugar a ninguna duda de la participación y el involucramiento de estas personas, no han sido llevados ante la justicia".
Dijo que les causa "impotencia" que "haya tantas evidencias en un caso que es de los más documentados de América latina y que no haya ninguna deducción de responsabilidades" a quienes han sido denunciados como autores intelectuales de este crimen.
Durante la protesta frente a la Fiscalía los manifestantes hicieron un ejercicio pedagógico de justicia porque, según expresó Zúniga, "parece que las autoridades de Honduras tienen miedo de iniciar una acción y un requerimiento, pareciera no tener el compromiso necesario para sentar un precedente de justicia no solo para este país, sino un precedente de justicia para el mundo".
Por su parte, su hermana Laura dijo que en espacios como la Fiscalía se les niega la entrada y la justicia, y las autoridades "se niegan a investigar a los asesinos" de sus compañeros y compañeras.
"Hacemos un ejercicio de justicia colectiva y organizada, hacemos un ejercicio de memoria porque estamos acá recordando a nuestra compañera Bertha y a nuestros compañeros y compañeros que han caído", subrayó.
Según un estudio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras), presentado el pasado 12 de enero en Tegucigalpa, el asesinato de Berta Cáceres "fue previsible y prevenible" y el Estado tenía "información concreta sobre su planificación".
En noviembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias contra siete condenados por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien fue el único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen.