En la opinión dada este lunes, la jueza Jia M. Cobb se puso del lado de 13 miembros de la Cámara de Representantes que demandaron a la Administración de Trump por no permitirles acceso a las cárceles migratorias y centros de detención de paso.
En concreto, Cobb bloqueó una medida emitida por la secretaria del DHS (por sus siglas en inglés), Kristi Noem, el pasado 8 de enero que requería a los congresistas que quisieran visitar los recintos proporcionar previo aviso de siete días.
La iniciativa se emitió después de la muerte de la estadounidense Renée Good, el pasado 7 de enero, impidiendo el ingreso de las congresistas demócratas Ilhan Omar, Kelly Morrison y Angie Craig a una instalación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el edificio federal de Mineápolis, donde se concentraron los operativos migratorios, que desembocaron también en la muerte a tiros de Alex Pretti.
Desde el año pasado, el Gobierno Trump ha mantenido un pulso con los demócratas impidiendo su ingreso a los centros de detención y las instalaciones de ICE, donde son procesados los detenidos.
El DHS ya había implantado el requisito de aviso previo de los congresistas, y en diciembre pasado Cobb ya había puesto una suspensión temporal sobre otra restricción impuesta,
El mes pasado, la juez bloqueó temporalmente la medida de enero y hoy emitió su decisión final. Se espera que el Gobierno Trump apele el fallo.
Las visitas de los congresistas demócratas a las cárceles han ayudado a dar luz sobre las condiciones de los detenidos, en muchos casos con denuncias de falta de atención médica o barreras para que los detenidos se comuniquen con sus familiares.
Las últimas denuncias se centran en el centro de detención de Dilley en Texas, que alberga familias y donde los congresistas han denunciado que se han mantenido arrestados niños desde dos meses de edad y mujeres embarazadas a punto de dar a luz.