"La UE, que sigue siendo un importante actor global en cooperación internacional en materia de seguridad nuclear, debería trazar una estrategia integral y actualizada que guíe su cooperación y mejore la selección y supervisión de las acciones financiadas por la UE", declaró en un comunicado el líder de la auditoría, Marek Opiola.
En su informe, redactado antes del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, los auditores comunitarios reconocen que la UE ha sido un actor relevante en la cooperación internacional sobre seguridad nuclear y recuerdan hitos como su contribución al arco de confinamiento que cubre el reactor 4 de Chernóbil, además de las subvenciones.
Desde 2014, la UE ha destinado alrededor de 600 millones de euros para formación, equipos, infraestructuras, asistencia técnica y rehabilitación, y ha facilitado además un préstamo de 300 millones de euros para reforzar la seguridad de centrales nucleares en Ucrania.
Sin embargo, en su análisis de 57 páginas el Tribunal considera que Bruselas debería mejorar su planteamiento para ser más eficiente.
"La ausencia de tal estrategia resulta llamativa en un ámbito que tanto ha evolucionado con el tiempo y que afecta a tantos actores con objetivos similares", indican.
Deberían mejorar también los procesos de selección de proyectos, prosiguen los auditores, que indican que a veces "las propuestas de países terceros no se seleccionaban con la debida transparencia, al no existir una puntuación o una clasificación".
"Algunas acciones relacionadas con Asia central e Irán, aunque abordaban algunos riesgos específicos para la seguridad nuclear, estuvieron motivadas primordialmente por consideraciones geopolíticas más amplias", indican.
Se refieren, en el caso de Irán, a contratos en ese país vinculados al acuerdo nuclear de 2015 respaldado por la ONU, que la UE mantuvo tras la retirada de Estados Unidos y sobre los que primó un interés geopolítico.
Los auditores reprochan también retrasos y sobrecostes en proyectos financiados por la UE y señalan específicamente el caso de los 300 millones de euros a Ucrania.
"La Comisión decidió delegar en terceros la supervisión y desembolsó el préstamo sin tener garantías de que los fondos financiarían exclusivamente gastos relativos al programa soportados y pagados por el prestatario", critican.