"Entendemos que la sanción justa para el señor Erico Galeano es la de 13 años de pena privativa de libertad", dijo el juez Pablino Barreto, presidente del Tribunal de Sentencia, tras leer los fundamentos del fallo.
Galeano, de 59 años, es senador por la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, y permanece en arresto domiciliario desde septiembre de 2023, luego de que el Senado aprobara por unanimidad su desafuero.
Después de leer la sentencia, Barreto señaló que esta medida y otras cautelares solicitadas en su momento por la Fiscalía se mantendrán hasta que "varíe su investidura" o la sentencia quede firme, puesto que el Senador aún puede apelar el fallo.
De acuerdo con la investigación, Galeano vendió en 2020 por un millón de dólares en efectivo una lujosa propiedad a un testaferro de alias Tío Rico, actualmente recluido en el penal paraguayo de Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil y Argentina.
La Fiscalía indicó en el juicio que el dinero para esta operación provino de "la estructura criminal de los señores Insfran y Marset" y que Galeano optó por una modalidad de venta de "ocultamiento".
"Quien procura ocultamiento no actúa bajo una creencia de licitud", argumentó el juez, tras apuntar que Galeano, por ser una persona "políticamente expuesta", debería conocer el funcionamiento del sistema financiero paraguayo, lo que, aseguró, derriba la tesis de "desconocimiento" de la defensa.
Asimismo, la parte acusadora señaló que el senador introdujo luego parte del dinero de la venta de la propiedad en el club de fútbol Capiatá, que en 2020 disputaba la primera división y tenía entre sus filas a Marset, e hizo depósitos en guaraníes en la banca nacional, con la idea -de acuerdo con el texto del fallo- de "integrar dinero físico en el sistema financiero".
De igual forma, se señaló que Galeano prestó una aeronave de su propiedad para que Marset, Insfran y otros se trasladaran dentro del territorio paraguayo, lo que se interpretó como asistencia logística a las operaciones de narcotráfico.
Este proceso es resultado de la operación 'A Ultranza PY', que tuvo lugar en 2023 y es considerada una de las mayores en el país contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.