Chavarría, quien el día de esas elecciones ejerció como fiscal de verificación electoral del opositor Partido Liberal Constitucionalista en un centro de votación de Managua, presentó una impugnación a las autoridades del centro, quejándose de su cierre antes del horario previsto, cuando quedaban personas pendientes de verificarse.
El fiscal partidario y algunos de sus familiares que se encontraban en el sitio fueron objeto de insultos y amenazas por parte de un fiscal del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y cuando se retiraban del lugar fueron interceptados y atacados por un grupo numeroso de personas, instigadas por dirigentes sandinistas del distrito.
"Los hechos fueron presenciados por agentes policiales que se abstuvieron de intervenir. El señor Chavarría Morales y sus familiares, quienes sufrieron diversas lesiones, lograron huir en su vehículo, al que los agresores intentaron incendiar", detalló la CorteIDH
Chavarría denunció lo sucedido a la Policía Nacional, pero la causa fue finalmente archivada en mayo de 2016, y los actos de hostigamiento e intimidación se prolongaron a lo largo del tiempo.
"El Estado tuvo responsabilidad por los hechos de amenazas, hostigamiento y agresiones posteriores a julio de 2008, dada la participación o aquiescencia de agentes estatales en algunos de ellos y por la falta de adopción de acciones de protección e investigación", afirmó la CorteIDH.
En su sentencia de este miércoles, la CorteIDH estableció que el Estado violó los derechos de Chavarría a la integridad personal, libertad de pensamiento y de expresión, derechos políticos, derecho a la igualdad ante la ley y derecho a defender derechos humanos.
Además, determinó la responsabilidad estatal por la afectación al derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, y a la protección de la familia, así como por la afectación al proyecto de vida en perjuicio de los hijos de Chavarría: Cindy Alicia Chavarría Alonso, Jeffer Joaquín Chavarría Alonso, y Jaime Antonio Chavarría Alonso.
La Corte ordenó al Estado investigar los hechos de agresión y hostigamiento y pagar indemnizaciones en favor de las víctimas por concepto de daño material e inmaterial.
"Los hechos del caso se produjeron en un contexto sostenido de debilitamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, que se intensificó a partir de 2007. Desde entonces, se instauró un clima de hostilidad y persecución contra personas opositoras al gobierno, que ha restringido su participación en los asuntos públicos y procesos electorales, colocándolas en situaciones de especial riesgo y vulnerabilidad", afirmó la CorteIDH.
La CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato desde 2022, cuando el Estado se negó a cumplir con una serie de resoluciones de medidas provisionales que exigían al Estado liberar y garantizar la vida y la salud de más de un centenar de personas opositoras al Gobierno del mandatario Daniel Ortega que fueron encarceladas.
Desde entonces Nicaragua no responde a órdenes de la CorteIDH ni acredita representantes para las audiencias.