El estudio 'Retratos de los Feminicidios en Brasil' analizó 1.127 casos registrados en 16 estados del país en 2024 y constató que, en 148 de ellos, la víctima contaba con una medida de protección urgente, es decir, una orden judicial destinada a impedir que el agresor se acerque o mantenga contacto con la mujer amenazada.
El estudio advierte de fallas en la fiscalización de estas decisiones judiciales debido a problemas en la comunicación entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, así como de supervisión.
Los casos más graves son los del estado amazónico de Acre, en la frontera con Bolivia, donde el 25 % de las víctimas de feminicidio contaba con una medida de protección, así como los del también amazónico de Mato Grosso (22,2 %) y de São Paulo (21,7 %), el estado más rico e industrializado del país.
La directora ejecutiva del FBSP, Samira Bueno, afirmó que el problema no reside en la legislación, sino en su aplicación práctica.
Según explicó, para que una medida protectora sea efectiva deben ocurrir dos procesos paralelos: que el agresor sea notificado formalmente de las restricciones y que las fuerzas de seguridad sean informadas para fiscalizar su cumplimiento.
"Sin esa comunicación y sin supervisión policial, la medida se convierte en apenas un papel", señaló la especialista.
El informe también resalta que el país carece de un sistema nacional unificado que permita identificar automáticamente si una víctima de feminicidio tenía una medida protectora vigente, lo que dificulta el análisis completo del problema.
Otro estudio divulgado esta semana por el mismo organismo traza el perfil de las víctimas y de los agresores. De acuerdo con los datos, ocho de cada diez feminicidios en Brasil fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima, lo que confirma el carácter predominantemente doméstico de este tipo de crimen.
Además, el 62 % de las mujeres asesinadas eran negras, lo que refleja la desigualdad racial presente en la violencia de género en el país.
Los especialistas del FBSP señalan que el feminicidio suele ser el desenlace de un ciclo prolongado de violencia y que muchas víctimas ya habían denunciado agresiones previas, lo que refuerza la necesidad de mejorar los mecanismos de protección y seguimiento de los casos de riesgo.