En un comunicado, organizaciones civiles informaron que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México resolvió el pasado 19 de febrero de 2026 el juicio de amparo 1350/2023 y determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) debe entregar todos los documentos elaborados ese año por el CFRI “Centro”, así como por otras instancias militares de inteligencia.
En su fallo, el juez estimó que existe una brecha aproximada de 853 folios que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.
La sentencia precisa que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser proporcionada.
La resolución deriva de una demanda presentada en agosto de 2023 por las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
En ella reclamaron la omisión de autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, en presunto incumplimiento del decreto presidencial emitido en 2018 que obliga a dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Las familias señalaron la responsabilidad de Defensa, en particular de sus áreas de inteligencia, por el ocultamiento de documentos cuya existencia fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En ese informe, el GIEI documentó que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento realizado a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Sin embargo, los folios proporcionados estaban incompletos, lo que evidenció documentación faltante y un presunto ocultamiento por parte de la institución castrense.
Ante lo que consideraron una parálisis de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) y el estancamiento de la investigación, las familias acudieron a la justicia federal.
La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había advertido que los avances se habían ralentizado por la falta de entrega de información por parte de la Defensa.
El fallo reconoce el derecho de las familias a la verdad y establece que la información no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado el interés preponderante de las víctimas y de la sociedad en conocer lo ocurrido.
En septiembre de 2023, dentro del mismo proceso, un tribunal colegiado ya había ordenado al Ejército abstenerse de destruir, depurar u ocultar cualquier información relacionada con el caso.
A más de once años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, el caso Ayotzinapa continúa sin resolverse y las familias mantienen acciones legales en México y en instancias internacionales para exigir el acceso completo a la información que podría contribuir a esclarecer el paradero de sus hijos.