El Tribunal Supremo, de manera unánime, determinó que las cortes federales deben otorgar deferencia a las agencias de inmigración del Gobierno al momento de decidir si los hechos de un caso de asilo califican como "persecución", en lugar de revisar de nuevo la solicitud por completo.
La resolución se basa en el caso de Humberto Urias Orellana, un hombre de El Salvador que citó peligros de persecución y amenazas de pandillas en su solicitud de asilo, por lo que la Corte negó que el caso deba revisarse de nuevo después de que las autoridades migratorias concluyeron que no hay evidencia sobre los riesgos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) celebró el fallo como una "victoria para el pueblo estadounidense" al argumentar que "jueces activistas han usado el Poder Judicial para proteger a extranjeros ilegales simplemente porque podían hacer falsos alegatos de persecución", con "guiones" hechos por organizaciones civiles.
"La Administración Trump continuará su misión de deportar extranjeros ilegales y mantener seguro a Estados Unidos", señaló el DHS en un pronunciamiento en redes sociales.
El Gobierno del presidente Donald Trump espera agilizar las deportaciones tras el fallo, pues a finales de 2025 había más de 2,4 millones de peticiones de asilo pendientes en las cortes de inmigración, según un reporte del Congreso de Estados Unidos.
El fallo de la Corte, escrito por la jueza Ketanji Brown Jackson, reafirma la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), que establece que el Ejecutivo de Estados Unidos "puede conceder" asilo a un extranjero si "determina" que es "un refugiado".
Para ello, los peticionarios deben demostrar que "no pueden volver" a su país de origen "por persecución o por un bien fundamentado miedo de persecución con base en su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un particular grupo social, u opinión política".
Simpatizantes del Gobierno festejaron el fallo como una victoria para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), al considerar que esto impedirá a los jueces aceptar nuevos alegatos de "posible persecución" tras una eventual deportación.
El Gobierno de Trump ha implementado restricciones al asilo desde el comienzo de su mandato, como frenar las nuevas solicitudes en la frontera con México, suspender las peticiones de refugiados y alargar a un año el tiempo de espera para que los solicitantes obtengan un permiso de trabajo.