El denominado 'caso sobres bombas' se ha seguido por una serie de atentados con explosivos enviados por correo a inicios de la década de los años 90 a defensores de derechos humanos, parlamentarios opositores y periodistas, entre los que estuvo Melissa Alfaro, quien murió al abrir uno de los sobres en octubre de 1991, cuando trabajaba en el semanario Cambio.
La Fiscalía señala que el envío de los explosivos fue parte de una estrategia estatal y acusa a Montesinos de ser el autor mediato (con dominio del hecho), mientras que indica que Penas fue el autor directo, al presuntamente haber participado en la elaboración de los artefactos y en la ejecución de los ataques.
La Tercera Sala Penal Superior Nacional convocó a una audiencia para que Montesinos y el coronel en retiro del Ejército Víctor Penas presenten sus alegatos en el proceso por el delito de asesinato y homicidio calificado en el grado de tentativa.
El Poder Judicial señaló que con este acto procesal el tribunal concluirá el debate y fijará la fecha de lectura de la sentencia.
Durante la audiencia de este viernes, Montesinos, de 80 años, pidió al tribunal que aplique una polémica ley aprobada por el Congreso, que dominan fuerzas conservadoras, que ordena la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002 y que fue respaldada por el Tribunal Constitucional (TC).
Los jueces peruanos se han negado hasta el momento a aplicar esa norma al hacer uso del control difuso, una prerrogativa que les permite dejar de lado cualquier ley que consideren incompatible con los derechos constitucionales.
En su alegato, el exasesor sostuvo que cuatro exmilitares, incluido Penas, negaron haber recibido órdenes suyas para enviar explosivos y también invocó que se aplique una ley que se dio para fortalecer la protección del personal de la Policía en funciones, además de otra norma que estableció que las personas mayores de 80 años cumplan sentencia en sus domicilios.
"Estando al principio de derecho a la igualdad ante la ley y a no ser discriminado por razones proscritas por la Constitución, como un derecho fundamental, solicito al colegiado el mismo tratamiento, de ser el caso", sostuvo.
Este jueves se informó que el Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado en parte un recurso de habeas corpus presentado por Montesinos y ordenó declarar nulas unas resoluciones emitidas por la Corte Suprema en su contra, además de ordenar que se revise el plazo de las condenas que se le impusieron.
El tribunal, que preside la jueza Rocío del Pilar Rabines, declaró improcedente la solicitud que planteaba la liberación inmediata del exasesor, quien está preso desde junio de 2021 en la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.
El pasado 6 de febrero, la Corte Suprema de Perú determinó que el otrora mano derecha de Fujimori deberá seguir en prisión hasta el 30 septiembre de 2037, tras anular una decisión que había declarado compurgada (ya cumplida) su última condena por estar cumpliendo otras sentencias.
Con el objetivo de lograr beneficios penitenciarios que le permitiesen incluso salir en libertad este año, Montesinos se había inscrito desde la cárcel en el partido político Por Amor al Perú, pero este no llegó a registrarse ante el jurado electoral.