Esta es la segunda orden de prisión preventiva que se dicta en contra de Alvarez, quien se encuentra recluido en la cárcel de la ciudad andina de Latacunga desde el 12 de febrero, tras ser detenido por otro caso en el que se indaga un presunto lavado de dinero y defraudación tributaria, también relacionado a la venta de combustibles, su negocio familiar.
Los jueces aceptaron la petición de la fiscal Ruth Amoroso, quien aseguró en la víspera que Alvarez no tenía puesto el grillete cuando fue detenido el 10 de febrero y que se han registrado más de 2.000 alarmas por grillete retirado, porque pierde señal o porque sale fuera de línea desde que se lo pusieron, en julio del año pasado.
El alcalde aseguró el sábado que nunca manipuló el dispositivo y que las alertas se generaron porque él ha recorrido sitios por los que el dispositivo genera alertas automáticas, como terminales terrestres o aeropuertos.
Y que, además, su casa está ubicada en una zona que es "un punto muerto", que hace que el grillete esté fuera de línea, lo que, aseguró, ya sabían las autoridades del servicio nacional de prisiones.
Sin embargo, los jueces aseguraron este domingo que había violado de manera deliberada la medida, por lo que la prisión preventiva era el único mecanismo "idóneo" para asegurar su presencia en posteriores diligencias, ya que, aunque está en prisión, tiene la posibilidad de salir en libertad si se le concede algún recurso en el otro caso.
En esta causa, denominada como 'Triple A', el Ministerio Público señala al alcalde de la ciudad más poblada del país, y a otras 15 personas y seis empresas, por supuestas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado.
De acuerdo a la Fiscalía, esto habría causado un perjuicio de 61,5 millones de dólares, al supuestamente haber sido comercializados en zonas fronterizas a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.
La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, organismo estatal que puso la denuncia por la que se inició este caso, también informó de supuestas incoherencias administrativas en algunas estaciones de servicio que supuestamente llegaron a vender más galones de diésel de los que podían almacenar de forma autorizada.
Los hechos supuestamente ocurrieron antes de que Alvarez fuera elegido alcalde de Guayaquil, en 2023, cargo al que llegó de la mano del izquierdista Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017).