La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, afirmó en una rueda de prensa que activarán todos los mecanismos legales, incluidas demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas (Cdhnu).
La suspensión cautelar fue impuesta inicialmente por un plazo de nueve meses por un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a demanda del fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, debido a la investigación que le ha abierto al partido de Correa bajo la imputación de lavado de dinero, al supuestamente haber financiado la campaña electoral de 2023 con dinero no declarado procedente de Venezuela.
Rivadeneira sostuvo que la suspensión, emitida a menos de un año de las elecciones locales del 14 de febrero de 2027, carece de sustento jurídico y anticipó que terminará anulándose.
"Por donde miremos hay causales para pedir la nulidad inmediata de esta medida", afirmó, al insistir que el movimiento "no ha sido notificado formalmente" de estar involucrado en la investigación.
Por ello, Rivadeneira aseguró que la Revolución Ciudadana concurrirá a los comicios de 2027, al insistir en que la suspensión "caerá por su propio peso".
Por su parte, el abogado del movimiento, Gabriel Rivera, sostuvo, también, que RC no ha sido notificada de manera formal de que esté siendo investigada, sino algunos miembros concretos de la formación.
El correísmo ha acusado al Gobierno de Noboa de sostener una persecución contra la mayor fuerza de oposición, y el expresidente Correa, que cuenta en Bélgica con condición de refugiado frente a una condena de ocho años de cárcel por cohecho, advirtió que el actual gobernante busca proscribir el partido para dejarles fuera de la batalla electoral.
En el caso denominado como 'Caja Chica', la Fiscalía investiga a varios dirigentes del correísmo ante sospechas de que hubo una financiación oculta desde Venezuela a la campaña electoral de 2023, cuya contienda acabó ganando Noboa frente a la candidata del correísmo, Luisa González.
Entre los indicios del Ministerio Público figura el testimonio sin pruebas de Santiago Díaz, exintegrante de Revolución Ciudadana que fue expulsado de la formación tras ser acusado de violación a una menor, quien aseguró haber trasladado dinero desde Venezuela, supuestamente por orden de Correa.
Fruto de ello, la Fiscalía allanó tanto la vivienda de González, como la sede del partido en la capital Quito.
Sobre el caso, el presidente Noboa señaló en una entrevista con un medio ecuatoriano que la investigación apunta a un presunto financiamiento ilegal vinculado al narcotráfico y que el tema fue abordado en la reunión ‘Escudo de las Américas’ celebrada este fin de semana en Estados Unidos.
El mandatario afirmó que allí se expusieron los "nexos que hay con grupos internacionales terroristas" y sostuvo que "en Venezuela había presencia de Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria iraní", cuyos integrantes, según dijo, se movían entre Venezuela, Colombia y Ecuador y brindaban "entrenamiento a grupos aquí como Los Lobos y Los Choneros".