En una opinión publicada este jueves, la Comisión de Venecia que reúne a expertos constitucionalistas del Consejo de Europa insiste en que cualquier procedimiento de destitución "debe basarse estrictamente en criterios objetivos y transparentes".
Además, eso debe ir acompañado del derecho a que los cargos revocados puedan presentar sus argumentos en una "audiencia imparcial" y a un recurso judicial.
La Comisión de Venecia preparó esta opinión a petición de la presidenta del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Janet Tello, que le había pedido el pasado 5 de septiembre ese dictamen sobre una serie de reformas constitucionales y legislativas.
Una de las principales recomendaciones es que tras las elecciones generales convocadas el próximo 12 de abril, una vez que se constituya el nuevo Congreso se tiene que llevar a cabo "un proceso de reforma judicial global, inclusiva y transparente" que tenga en cuenta a todas las partes, incluidos los miembros de la judicatura, los profesionales del derecho, la sociedad social y el público.
Esa reforma -subraya- "tiene que garantizar la independencia y la imparcialidad de la Junta Nacional de Justicia (JNJ, el órgano de gobierno de la judicatura), como cuerpo responsable para el nombramiento y las medidas disciplinarias de los jueces (y fiscales)".
Al menos la mitad de los miembros de este organismo deberían ser jueces en ejercicio, nombrados o designados por sus pares y que "representen la diversidad de la judicatura".
En cuanto a los miembros no judiciales, los expertos constitucionalistas del Consejo de Europa insisten en que deben ser elegidos por sus méritos mediante "procedimientos transparentes, con salvaguardas adecuadas", entre ellas la exclusión de personas que han tenido recientemente un cargo político.
Además, todos los miembros de la JNJ deben beneficiare de una inmunidad funcional y "estar protegidos de una revocación política".
Para elaborar esta opinión, una delegación de la Comisión de Venecia hizo una visita a Lima el 10 y el 11 de febrero pasados, y allí tuvieron encuentros con responsables de la judicatura, del Congreso, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía, así como con representantes de la sociedad civil.
Una de las impresiones que trajeron de allí es que algunas de las reformas se han hecho bajo presión del sistema judicial, y eso incluye críticas desde la política, amenazas e incidentes aislados de intimidación.
También se les sugirió que algunos aspectos de la agenda legislativa pueden entenderse como una voluntad de los actores políticos de tener una mayor influencia en la judicatura y en la Fiscalía.
A partir de ahí, la Comisión de Venecia advierte de que ese contexto "puede aumentar los riesgos sobre la estabilidad del sistema de equilibrios y para la protección efectiva del Estado de derecho".
El Consejo de Europa, que es una organización distinta a la Unión Europea, reúne a 46 países del Viejo Continente y su objetivo es la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.