"El Gobierno expresa su profundo pesar por las pérdidas humanas registradas, en particular el fallecimiento de la señora Karine Buisset, ciudadana francesa empleada de Unicef", afirmó el Ministerio congoleño de la Comunicación en un comunicado difundido a última hora del miércoles.
El Ministerio aseguró que "las circunstancias exactas de estos incidentes, ocurridos en zonas ocupadas (por el M23), así como el origen de las explosiones señaladas, están siendo investigadas por los servicios competentes, con el fin de esclarecer los hechos".
"El Gobierno -aseveró- reafirma su compromiso con el respeto del derecho internacional humanitario, en particular en lo que se refiere a la protección de las poblaciones civiles y del personal humanitario que opera en todo el territorio nacional".
El ataque, atribuido por los insurgentes al Gobierno de Kinsasa, ocurrió la madrugada de este miércoles en el barrio de Himbi, en Goma, capital de la provincia de la provincia de Kivu del Norte, que está controlada por el M23, apoyado por Ruanda y que denunció el incidente.
La acción también afectó a trabajadores humanitarios y personal de ECHO (servicio de ayuda humanitaria y protección civil de la Unión Europea).
Los hechos despertaron una amplia condena de la comunidad humanitaria internacional y del presidente de Francia, Emmanuel Macron.
En un comunicado, el representante especial adjunto del secretario general de la ONU en la RDC, Bruno Lemarquis, exigió "plena claridad" sobre las circunstancias del incidente a través de una investigación "rápida, independiente y creíble, para así identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
En una rueda de prensa posterior, Corneille Nangaa, coordinador político de la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), coalición liderada por el M23, denunció que el ataque tenía como objetivo a la cúpula del grupo rebelde.
Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron en Washington el pasado 4 de diciembre un acuerdo de paz para acabar con el conflicto en el este de la RDC, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.
Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.
Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU en el país (Monusco).