La OCHA presentó estos datos en un informe que denuncia la persecución del personal humanitario en la zona durante enero y febrero de 2026, con 52 incidentes que implicaron el empleo de violencia, once relacionados con la restricción de movimiento y seis casos de "hostilidad activa" que afectaron directamente a las operaciones.
Aseguraron que en este periodo las hostilidades "aéreas y terrestres", derivadas del conflicto armado entre Gobierno y oposición en Sudán del Sur, obligaron a la evacuación de siete trabajadores humanitarios y condujeron al saqueo de cuatro instalaciones de ayuda y el robo de 10 vehículos, junto con equipos y suministros.
Desde la organización recuerdan que al menos 263.000 personas de entre las millones de afectadas y desplazadas por el conflicto sursudanés "se han visto perjudicadas por las restricciones en la entrega de ayuda", en especial en los estados de Jonglei (este), Alto Nilo (noreste) y Unity (norte).
"El entorno operativo sigue estando muy limitado debido a las hostilidades activas, las denegaciones de acceso y la violencia contra los trabajadores humanitarios", señaló la OCHA en el informe.
Sudán del Sur es víctima de una grave escalada de la violencia entre Gobierno y oposición armada iniciada en marzo de 2025 y cercana a una guerra civil desde el pasado mes de diciembre, tras la toma de algunas localidades por parte de la oposición.
Como destacó la OCHA, este incremento de las tensiones se puede observar en el aumento del 188 % en los incidentes notificados en febrero de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025.
Las infraestructuras críticas también se están viendo afectadas por la nueva escalada de violencia iniciada el pasado mes de diciembre, como el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien, en el estado oriental de Jonglei, que atendía a cerca de 250.000 personas y el día 4 de febrero sufrió importantes daños a causa de un ataque aéreo del que MSF acusó al Ejército sursudanés.
Además, la OCHA criticó la imposición del Gobierno sursudanés de nuevos requisitos de autorización a las ONG, con un coste de 50 dólares por solicitud y múltiples casos de denegaciones de vuelos a zonas clave para la asistencia humanitaria, "lo que limitó considerablemente el acceso a las poblaciones vulnerables", indicaron.
La organización denunció que, en añadidura, están dándose "retenciones o suspensiones de los suministros médicos, de agua, de saneamiento y de nutrición" en varios puntos del país, lo que deja a miles de personas en una situación de vulnerabilidad ante el "creciente riesgo de cólera".