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El Congreso español pide parar la regularización de inmigrantes con votos de la derecha

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Madrid, 18 mar (EFE).- El Congreso español aprobó este miércoles una moción del conservador Partido Popular (PP) que pide al Gobierno "renunciar con carácter inmediato" al proyecto para la regularización de cerca de medio millón de inmigrantes que viven sin permiso de residencia en España, con los votos de PP, Vox (ultraderecha) y Junts (independentista de centro-derecha).

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Con 176 a favor, 172 en contra y ninguna abstención, la iniciativa del PP salió adelante, aunque todavía no obliga a ningún cambio, sin incorporar las enmiendas de Vox (pedía añadir otras medidas más duras en materia de inmigración), ni de Junts, que quiso incluir la delegación de competencias en materia de inmigración para Cataluña (región en el noreste de España).

La moción del PP aprobada hoy insta al Gobierno socialista a parar esta regularización "por ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo" y también a ejecutar "de manera efectiva" las órdenes de retorno, revisar los acuerdos con terceros países para asegurar su cumplimiento y garantizar la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes.

El Gobierno anunció a finales de enero que llevaría a cabo esta regularización para retomar el espíritu de la iniciativa legislativa popular (ILP) avalada por más de 600.000 firmas, que, aunque superó su toma en consideración en la Cámara Baja, había quedado bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.

El Ejecutivo tomó esta decisión tras un acuerdo con Podemos (izquierda) y, previsiblemente, aprobará la medida en las próximas semanas como un real decreto -actualmente, se están recabando informes de órganos como el Consejo de Estado-, por lo que no requerirá de su convalidación parlamentaria.

A finales de enero de 2026, el Gobierno anunció una regularización extraordinaria pactada con Podemos, dirigida a quienes pudieran acreditar al menos cinco meses de residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025 y carecieran de antecedentes penales.

La admisión a trámite otorga una autorización inicial de residencia y trabajo por un año y suspende procedimientos de expulsión por motivos administrativos.

La medida podría beneficiar a en torno medio millón de personas, estima el Gobierno, en un contexto en el que distintos análisis sitúan en unas 840.000 las personas migrantes en situación irregular en el país, lo que ha generado un intenso debate político.

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