Balcázar atribuyó la designación del nuevo primer ministro, Luis Arroyo, a la necesidad de contar con una "nueva mentalidad" y una estrategia más agresiva contra el crimen organizado, una de las principales demandas de la población tras la ola de extorsiones y sicariato.
Afirmó que la seguridad ciudadana es "la prioridad número uno" para dar tranquilidad a los ciudadanos, pero sobre todo "para que las elecciones sean de las más transparentes, tranquilas y diáfanas" el próximo 12 de abril.
"Ese ha sido el motivo por lo que hemos puesto a una persona entendida en la materia (el exministro de Defensa Luis Arroyo), para que justamente refuerce el trabajo que veníamos haciendo con la premier que acaba de dejar el cargo (Denisse Miralles)", explicó el gobernante transitorio en declaraciones a la prensa.
Sobre las medidas más urgentes en ese campo, Balcázar mencionó que harán uso de la tecnología para que "la Policía utilice los aparatos más modernos para poder revisar e interceptar los teléfonos móviles desde donde se extorsiona permanentemente".
Precisamente, este miércoles se informó de un nuevo ataque de presuntos extorsionadores contra una unidad de transporte público de la empresa ‘Los Rojitos’ en el distrito de San Juan de Miraflores, que dejó un conductor y dos pasajeras fallecidas.
Consultado por la emisora RPP sobre eventuales presiones políticas para hacer cambios en su gabinete, Balcázar respondió que el Congreso le recomendó cambiar a la anterior presidenta del Consejo de Ministros para poder afrontar la inseguridad ciudadana en forma decidida.
"Ese ha sido el único motivo para designar al nuevo presidente del Consejo de Ministros", afirmó.
Agregó que él puede cambiar a cualquier ministro, pero que el tema puntual es que "tenemos que darle más fuerza al problema de la inseguridad ciudadana".
Balcázar encabezó este miércoles el primer Consejo de Ministros de su nuevo gabinete, el segundo en menos de un mes, tras la salida de Miralles un día antes de acudir al Congreso a pedir el voto de confianza, lo que fue interpretado por sectores políticos como una presión de las bancadas opositoras al Ejecutivo a cambio de su respaldo.