El nuevo marco normativo para la IA exige al Legislativo que se centre en seis ejes: proteger a los menores, reforzar las comunidades, respetar la propiedad intelectual, evitar la censura, impulsar la innovación y el liderazgo global de Estados Unidos en IA, y preparar a la fuerza laboral para la nueva economía digital.
"Este marco solo podrá tener éxito si se aplica de manera uniforme en todo Estados Unidos. Un mosaico de leyes estatales contradictorias socavaría la innovación estadounidense y nuestra capacidad para liderar la carrera mundial de la IA", detalla el documento.
Aunque la Administración Trump no considera conveniente que el Congreso anule la totalidad de las facultades regulatorias estatales en materia de IA, sí establece que a los estados, entre otras cuestiones, "no se les debería permitir regular el desarrollo de la IA" ni penalizar a los desarrolladores.
"El Congreso debería prevalecer sobre las leyes estatales de IA que impongan cargas indebidas, a fin de garantizar un estándar nacional mínimamente gravoso y acorde con estas recomendaciones", subraya la Casa Blanca.
El Gobierno también pide a las Cámaras agilizar los permisos federales para la construcción y operación de infraestructuras de IA así como proporcionar recursos en el ámbito a las pequeñas empresas, tales como subvenciones, incentivos fiscales y programas de asistencia técnica.
La Administración espera poder traducir estos puntos en una ley federal que pueda ser ratificada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
El anuncio refuerza la estrategia del mandatario de recentralizar en Washington la política de IA tras firmar en diciembre una orden ejecutiva destinada a frenar las normas estatales más estrictas.
Esa orden respondió, entre otros factores, a iniciativas de estados como California, que en otoño aprobaron normas pioneras para controlar el uso de sistemas avanzados de IA, lo que la Casa Blanca considera un conjunto "oneroso" y "contraproducente".
Además, el plan llega en un contexto de creciente presión bipartidista en el Congreso, así como de organizaciones de derechos civiles y de consumidores, que reclaman normas más estrictas ante los riesgos de discriminación algorítmica, vigilancia masiva y desinformación.