La misión del FMI para España (Artículo IV) publicó este viernes su informe anual de previsiones, en el que señala que la economía del país seguirá estando sostenida por el consumo y la inversión, así como por una caída de la tasa de ahorro que permitirá a los hogares amortiguar el impacto del 'shock' energético.
La inflación se elevará a "aproximadamente el 3 %" a finales de 2026, para luego descender al 2,2 % a finales del 2027, estimó.
Las medidas fiscales para amortiguar el impacto de la guerra deben estar bien enfocadas, tener carácter temporal y "no deberían distorsionar los precios de la energía", señaló el FMI, que cree que el apoyo público debería considerarse solo si los costes de financiación de la deuda se mantienen bajos y la subida de precios termina afectando a la demanda externa e interna.
En este contexto, el fondo apuesta por que se acelere el ritmo de reducción del déficit público para recuperar "espacio fiscal" con mayor rapidez ante el fuerte incremento del gasto que se espera en las próximas dos décadas a consecuencia del envejecimiento de la población.
El informe señala que las finanzas públicas han mejorado gracias al fuerte crecimiento económico y a la no deflactación de los tramos del IRPF, además de por el aumento de las cotizaciones sociales, de forma que el incremento de los ingresos ha compensado con creces un considerable incremento del gasto público.
No obstante, el organismo alerta de que si el gasto sigue creciendo por encima de los objetivos, serán necesarios ajustes adicionales para reducir el déficit público.
Respecto a la vivienda, el FMI pide a España acabar con el control de precios tras un periodo de tres años que ha evidenciado que solo ha servido para reducir "de manera significativa" la oferta de vivienda en alquiler.
El FMI valora las iniciativas del Gobierno, como el fomento de la oferta de alquileres asequibles, pero apuesta por acelerar los planes de desarrollo urbano, liberar más suelo para la construcción y agilizar la concesión de permisos para la edificación, tareas en las que apela también a la competencia de las comunidades autónomas.
"La oferta de vivienda tiene que aumentar a un ritmo mucho más rápido para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de mayor demanda", dice el fondo.