"Con esta decisión ambos son declarados inocentes y recuperan su libertad plena, luego de haber sido arbitrariamente detenidos durante más de nueve meses", indicó en un mensaje en X.
El secretario general del SNTP, Marco Ruiz, dijo a EFE que los periodistas fueron absueltos por el tribunal, en un proceso que es "distinto e independiente al de la amnistía", pero que deja sin efecto la apelación que ambos habían presentado después de que les fuera negada una primera solicitud.
En este sentido, señaló que ambos solicitaron el beneficio de la amnistía mientras, de forma paralela, avanzaba su juicio.
"En el juicio, ellos reciben la libertad plena", comentó Ruiz.
Mena y González fueron detenidos en abril de 2025 y excarcelados bajo medidas cautelares el pasado 14 de enero en medio de un proceso de liberaciones ordenado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Ambos estaban acusados de publicar "noticias falsas" e instigación al odio, después de que hicieran un trabajo sobre el presunto aumento de robos en el país suramericano.
"En la audiencia de juicio celebrada hoy, el Ministerio Público (Fiscalía) solicitó una sentencia absolutoria, desestimando la acusación que cursaba contra los trabajadores de la prensa por supuesta publicación de noticias falsas e instigación al odio. Nunca debieron estar presos", explicó el SNTP.
La Ley de Amnistía, aprobada el 19 de febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.
No obstante, hay una comisión parlamentaria que evalúa casos no contemplados para luego remitirlos a la Justicia.
En Venezuela se ha otorgado la libertad plena a 8.068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, informó este viernes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.
En una publicación en X, Arreaza detalló que 7.808 de esos beneficiados tenían libertad restringida con medidas cautelares -como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales-, y los restantes 260 estaban encarcelados.