Los debates celebrados durante el 187 Período Ordinario de Sesiones de la Corte IDH enfrentaron a un grupo de países encabezados por Guatemala que defienden que se proteja la democracia como un derecho y, por otro lado, a Estados Unidos y México, que abogaron por que se la considere apenas como una forma de gobierno.
La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, dijo a EFE que reconocer la democracia como un derecho permitiría "ofrecer una protección más integral a muchas de las cuestiones que están pasando en la región, evitando fragmentar su alcance" y facilitaría actuar "frente a retrocesos autoritarios".
La tesis de que la democracia es un derecho cuenta con el respaldo de Guatemala, país que pidió la celebración del debate, además de Brasil, Colombia y Uruguay.
La delegación estadounidense, que participó en el debate a pesar de no reconocer la competencia de la Corte Interamericana en su territorio, rechazó que se considere la democracia como un derecho, argumentando que incluso "muchos países democráticos violan los derechos humanos”.
México coincidió con su vecino del norte, pero argumentó que ampliar demasiado definiciones y conceptos normativos es contraproducente, puede restringir interpretaciones y excluir posibilidades más que integrar derechos.
Durante los debates solo intervinieron siete países, a los que se sumaron por escrito Panamá y Chile, este último con un pronunciamiento remitido antes de la investidura del presidente José Antonio Kast.
El magistrado peruano Alberto Borea Odría se robó la escena al criticar el debate en sí, ya que no le convence que la Corte IDH se pronuncie como si fuera la "universidad interamericana de derechos humanos".
La representante de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, Fernanda Fernandes, habló con EFE y destacó que “no hay derecho más importante que ser escuchado, sobre todo los más vulnerables, la democracia sin participación no existe”.
Una vez concluido el debate, los siete magistrados vuelven a la sede de la Corte en San José con el desafío de digerir 215 observaciones escritas y una semana de argumentación, con la intención de consensuar una opinión consultiva sobre el tema, decisión que puede demorarse un año.
Las opiniones consultivas son mecanismos jurídicos destinados a interpretar el derecho internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano y no generan obligaciones para los Estados.