El objetivo es "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y, por supuesto, a la industria", justificó el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, al anunciar las medidas en una rueda de prensa. Se aplicarán "el tiempo que sea necesario" y se ampliarán "si las circunstancias lo requieren", agregó.
La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia supervisará y sancionará con "dureza" a cualquier empresa que "aproveche esta crisis o las ayudas del Estado para enriquecerse", advirtió Sánchez sobre las tentaciones de codicia.
Así, el Ejecutivo aprobó una rebaja del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los carburantes "hasta el mínimo que permite la Unión Europea", el 10 %, explicó Sánchez. Esto permitirá a los usuarios ahorrar hasta 30 céntimos de euro por litro en función del combustible.
Cuando se trate de transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, muy castigados por la subida de carburantes de las últimas semanas, se prevé una bonificación directa de 20 céntimos de euro por litro; y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes.
Las ayudas al sector primario suman 877 millones de euros (más de mil millones de dólares), algunas directas para comprar fertilizantes, gasóleo profesional y una compensación para los buques pesqueros por el alza de los costes de producción.
El plan, en vigor desde mañana, sábado, también reduce en un 60 % los impuestos de la electricidad en general, incluida la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica -del 7 %, que pagan las compañías eléctricas- y la reducción del impuesto especial sobre electricidad (IEE), que pasa del 5,11 % al 0,5 %.
Asimismo, baja el IVA del gas natural, los pélet y la leña del tipo general (21 %) al reducido (10 %), y se congela el precio del butano y del propano, según el decreto ley aprobado, que deberá convalidar posteriormente el Congreso.
El plan bonifica en un 80 % los peajes eléctricos para las industrias más expuestas, lo que les permitirá ahorrar 200 millones de euros (230 millones de dólares), y da mayor flexibilidad a los contratos de suministro energético para empresas y trabajadores autónomos.
Al mismo tiempo, se van a extender hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se va a reforzar "de forma sustantiva" el bono social térmico y se va a prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a las familias más vulnerables.
Este plan de 80 medidas va a beneficiar directamente a 20 millones de hogares y tres millones de empresas de España, resaltó el jefe del Ejecutivo. Ello "no va a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero sí que sean menos erosivos y más llevaderos", dijo.
Sánchez aseguró que España va a resistir mejor la crisis de este contexto bélico porque el país "está preparado" tras el fuerte crecimiento económico de los últimos años, su apuesta decidida por las energías alternativas, como las renovables, y el rigor fiscal de las cuentas públicas de los últimos años.
El Gobierno español aprobó también hoy un segundo decreto ley no previsto inicialmente sobre vivienda, tras fuertes discrepancias entre los dos socios de izquierdas que forman el Gabinete.
Los cinco ministros de Sumar retrasaron dos horas el comienzo de la reunión para negociar medidas de protección de los inquilinos en el plan anticrisis, a lo que se oponía la mayoría socialista del Ejecutivo.
Según fuentes de Sumar, las dos partes acordaron finalmente dos decretos ley que tendrán que votar el Congreso para su convalidación legislativa.
Uno de ellos es el propio plan anticrisis, con medidas de intervención de los márgenes empresariales, como demandaba Sumar; y otro es específico sobre vivienda, que paraliza temporalmente los precios del alquiler, en concreto, una prórroga de dos años, según Sumar.
A pesar de esta fuerte tensión, una más entre los socios de gobierno, Sánchez consideró que las diferencias son "un activo" y no "un problema".
De fondo subsiste la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que gobierna en minoría y está obligado a equilibrios políticos y a negociar intensamente con varios partidos de ideología diversa para sacar adelante las leyes.
Esto volverá a ocurrir con los dos decretos aprobados este viernes, especialmente el de la vivienda, al que probablemente se opondrá la derecha.