Flores señaló que "estos criminales ya tenían pena de por vida" y recordó que últimamente se han registrado condenas de varios cientos de años, principalmente contra pandilleros en el marco de un tipo de audiencia especial abierta, que permite juzgar a estructuras completas en un mismo proceso.
"¿Había necesidad de hacer esa reforma?", cuestionó el izquierdista y sostuvo que esta iniciativa del Gobierno de Nayib Bukele "no surgió de una necesidad en el país", sino que se dio "a raíz del escándalo del pedófilo ese que casi lo convierten en artista de cine en el Centro Histórico".
Esto en referencia a la polémica que se generó en redes sociales a partir de las publicaciones en cuentas gubernamentales de un video de un presidiario, quien habría sido condenado por violar a menores de edad y que forma parte de un programa de rehabilitación del Ejecutivo por medio de actividades artísticas.
Tras la difusión del video, personas que dijeron ser familiares de las víctimas publicaron también videos en los que criticaron su inclusión en el programa Cero Ocio sin haber cumplido ni la mitad de su condena.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó la semana pasada una reforma constitucional que permite las penas perpetuas de prisión para "homicidas, violadores y terroristas" propuesta por el Gobierno del presidente Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada.
"Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.
La propuesta de Bukele para permitir las penas perpetuas llegó a unos días de que El Salvador cumpla cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó en marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país centroamericano que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.
También la reforma fue propuesta días después que un grupo de expertos divulgara un informe en el que se concluye que en el contexto de la implementación del régimen de excepción en el país se habrían cometido violaciones a derechos humanos que "podrían constituir crímenes de lesa humanidad".