"Colocó el material donde tenía que colocarlo, las otras personas no estuvieron involucradas, solo él estuvo involucrado", afirmó el intérprete de Ramírez ante el tribunal.
El principal sospechoso del altercado hizo esta confesión mientras la magistrada en funciones Faith Mc Gusty se disponía a iniciar el procedimiento de remisión a juicio en el caso de terrorismo.
De acuerdo a la Uniformada, Ramírez utilizó una sustancia explosiva en la gasolinera Mobil, causando la muerte de Soraya Bourne, una niña de 6 años.
Relacionado a estos hechos, siete individuos, cinco hombres y dos mujeres, comparecieron en noviembre ante el Tribunal esposados y fueron acusados de terrorismo.
Cinco de ellos, fueron acusados de ayudar e incitar a Ramírez, el presunto autor intelectual.
Entre las demás personas acusadas se encuentran los guyaneses Wayne Corriea, de 44 años; Ramesh Pramdeo, de 51 años; Johnny Boodram, de 27 años; Alexander Bettancourt, venezolano de 44 años, y dos mujeres, Jenniffer Rodríguez, venezolana de 33 años, y Krystal La Cruz, venezolana-guyanesa de 33 años.
A través de sus abogados, Pramdeo y Boodram, afirmaron que no tenían conocimiento del delito y que fueron contratados como taxistas.
Ramírez, Bettencourt, Boodram y LaCruz se enfrentan a un cargo de terrorismo ante el Tribunal de Magistrados de Georgetown, mientras que los otros tres cuentan con una acusación similar ante el Tribunal de Magistrados de Leonora.
El magistrado jefe en funciones aplazó el caso hasta el 20 de abril de 2026 a la espera de los informes del abogado designado que representa al acusado y del fiscal.
Los investigadores policiales indicaron que el venezolano, presuntamente miembro del grupo ‘R’ Sindicato en su país de origen, ingresó ilegalmente a Guyana el mismo día del ataque con el artefacto explosivo.
En el atentado murió Bourne y resultaron heridas graves cinco personas que fueron hospitalizadas.
Guyana y Venezuela mantienen una disputa de larga data por la región fronteriza del Esequibo de 160.000 kilómetros, rico en petróleo y recursos naturales, que es administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.
Guyana defiende la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica, y que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene jurisdicción para resolver este litigio, pero Venezuela lo rechaza.
Desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebrara un referendo para anexionarse el Esequibo, la crisis se ha exacerbado y despertado temores a un mayor conflicto.