Según informó este lunes la Dirección General de la Policía Nacional, las víctimas eran captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea y trasladadas a España tras generarles una deuda de hasta 7.000 euros (unos 8.000 dólares).
Una vez en España, eran explotadas sexualmente en viviendas y locales las 24 horas al día, con tan solo dos horas de descanso y sin poder negarse a realizar ningún tipo de servicio sexual. Además, debían ceder su imagen para publicar anuncios en páginas web de contactos.
La investigación permitió liberar a tres víctimas y detener a once personas en las provincias de Castellón (6), Madrid (2), Sevilla (2) y Alicante (1).
Cuatro de los principales responsables ingresaron en prisión provisional por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública.
La investigación se inició en septiembre de 2025 tras la declaración de varias víctimas, que aseguraron que habían sido captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea. A través de engaños y técnicas de manipulación conseguían ganarse su confianza y persuadirlas para viajar a España.
La red criminal les proporcionaba los billetes de ida y vuelta, la reserva del hotel y un seguro médico de viaje, todo ello con el objetivo de simular un viaje meramente turístico y evitar sospechas en los controles fronterizos.
Una vez en España, las víctimas contraían una deuda que ascendía a 7.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución para el entramado criminal.
Las mujeres eran explotadas sexualmente en locales y en pisos prostíbulo situados en Castellón (este), Madrid (centro) y Sevilla (sur). En muchos casos permanecían durante varios días o semanas en una vivienda antes de ser trasladadas a otros pisos gestionados por miembros de la organización.
El reparto de los beneficios de los servicios sexuales era, teóricamente, del 50 % para las mujeres y del 50 % para la responsable del piso, aunque esta condición rara vez se cumplía.
Algunas víctimas llegaron a recibir fotografías de sus familiares en sus países de origen con el objetivo de intimidarlas y garantizar que continuaran ejerciendo la prostitución sin denunciar los hechos. Los investigados exigían el pago periódico de la deuda mediante llamadas telefónicas.