Para la organización, este retroceso responde a la respuesta estatal frente a la inseguridad y el crimen organizado, que ha derivado en la adopción de medidas excepcionales y en la "militarización de la seguridad pública", con episodios de "represión violenta de protestas lideradas por pueblos indígenas".
En ese contexto, durante el paro nacional convocado por el movimiento indígena en octubre y noviembre de 2025, tres personas indígenas murieron en la provincia andina de Imbabura, mientras unas 500 resultaron heridas y más de 200 fueron detenidas, según el informe.
Dichas cifras coinciden con las aportadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país que convocó las protestas.
Además, según organizaciones de derechos humanos citadas por Civicus, se documentaron al menos 16 casos de desaparición forzada de corta duración, así como interrupciones deliberadas de servicios de internet y telefonía móvil en varias localidades.
"El despliegue de fuerzas militares para contener la protesta social, acompañado de discursos que presentan a los movimientos indígenas como amenazas a la seguridad es desproporcionado y es una deriva peligrosa y represiva", señaló Ana María Palacios Briceño, investigadora para las Américas del Civicus Monitor.
El informe advierte también de un aumento de la presión sobre periodistas, medios y personas defensoras de derechos humanos, en un contexto que, según la organización, está marcado por el debilitamiento de la independencia judicial y el incremento de la violencia contra operadores de justicia.
"El sistema de justicia, incluida la Corte Constitucional, ha sido objeto de presiones indebidas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo", afirmó Vivian Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador.
Asimismo, Civicus alertó de restricciones al derecho de asociación a través de normativas como la denominada Ley de Transparencia Social, que, según indicó, amplía el control estatal sobre organizaciones civiles e incluye medidas como el congelamiento de cuentas bancarias y mayores exigencias administrativas.