El informe de la Comisión de Investigación de la ONU para Siria, basado en 409 testimonios de supervivientes y testigos, documenta ejecuciones generalizadas, tortura y quema de viviendas que pueden constituir crímenes de guerra "y, si se confirman ciertos elementos mediante investigaciones adicionales, de lesa humanidad".
La comisión que preside el brasileño Paulo Pinheiro analizó los incidentes violentos de julio, que según la investigación se desarrollaron en tres oleadas, dos dirigidas contra civiles drusos y otra contra beduinos.
La primera "y más mortífera", del 14 al 16 de julio, se inició cuando fuerzas gubernamentales acompañadas por combatientes locales cometieron graves violaciones en Al Sueida y sus alrededores, donde separaron a muchos hombres de sus familias para ejecutarlos, mientras otros eran abatidos en las calles o en sus hogares.
Una segunda oleada, iniciada el 17 de julio tras la retirada de las fuerzas gubernamentales y el lanzamiento de ataques aéreos israelíes sobre Al Sueida y Damasco, fue protagonizada por grupos drusos que atacaron a civiles beduinos, que denunciaron asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y saqueos.
Finalmente, una tercera ola del 17 al 19 de julio volvió a dirigirse contra civiles drusos, y en ella casi todas las viviendas, negocios y lugares religiosos de hasta 35 localidades con importante población drusa fueron incendiadas y saqueadas, mientras se asesinó a más civiles.
El informe resalta que la intervención de Israel causó también muertos y heridos, y además contribuyó a la inestabilidad al alimentar acusaciones de traición contra líderes de la comunidad drusa y difundir mensajes de odio a través de internet.
La violencia en Al Sueida, uno de los episodios de tensiones étnicas y revanchismo que ha sufrido el país tras la caída a finales de 2024 del régimen de Bachar al Asad, causó la muerte de al menos 1.342 drusos (incluidos 53 niños), 70 miembros de la más minoritaria comunidad beduina y 225 miembros de las fuerzas gubernamentales.
La comisión de expertos de la ONU recordó en el informe que los incidentes provocaron unos 200.000 desplazados internos, de los que 155.000, principalmente drusos de pueblos incendiados, siguen sin poder regresar a sus casas.
Al mismo tiempo, todavía hay un centenar de drusos, 20 beduinos y 30 miembros de las fuerzas gubernamentales en paradero desconocido tras los incidentes.
Los expertos, que tras la caída de Al Asad ya pueden viajar a Siria para llevar a cabo sus investigaciones, constataron en su visita a la zona de los enfrentamientos intercomunales "una devastación generalizada", sobre todo en pueblos drusos, con decenas de miles de viviendas, negocios y lugares de culto incendiados.
El informe es el segundo que la comisión publica este mes, ya que el 13 de marzo presentó otro ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que también denunciaba otros abusos de derechos humanos en la Siria posterior al régimen de Al Asad.
Ese informe señalaba que el asesinato en marzo de 2025 de más de 1.400 personas, en su mayoría civiles de la minoría alauí, en zonas de la costa y el interior de Siria (Latakia, Tartús, Homs y Hama), podría ser considerado un crimen de guerra.