Los participantes, en su mayoría habitantes de la comunidad Bajo Lempa en la zona oriental del país, portaron cuadros con ilustraciones alusivas al tema del régimen de excepción y recorrieron el corazón de la capital realizando pausas en 14 estaciones, como recreación del episodio de Jesús en su camino a la crucifixión.
Rosy Iraheta explicó en declaraciones a EFE que los cuadros fueron elaborados por el salvadoreño Alex Cerpas y en ellos se pintó "a soldados llevándose a las personas, a pobres cargando la cruz y a las instituciones (del Estado) que no cumplen su labor".
Indicó que "hoy es el último viernes de la Cuaresma de cara a la Semana Santa" y "hacer el vía crucis para nosotros representa conmemorar el sufrimiento del pueblo que hoy está pasando con las medidas (de seguridad) que se están tomando dentro del Gobierno de El Salvador".
Además, señaló que los participantes en el vía crucis buscaron ser "esa voz de conversión para quienes aún no se convencen de que estas medidas dañan los derechos humanos".
Iraheta agregó que como comunidad Bajo Lempa ha presentado escritos ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en los que solicitan la liberación de personas inocentes detenidas arbitrariamente, pero sin tener respuesta.
El régimen de excepción, una medida implementada para combatir a las pandillas en El Salvador en una llamada "guerra" contra estas bandas, cumple este viernes cuatro años de vigencia entre el respaldo por la reducción "histórica" de homicidios en el país y denuncias de violaciones a derechos humanos y muertes en cárceles.
En este contexto, la abogada Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), denunció hoy que en "este camino de régimen de excepción hemos tenido una gran cantidad de violaciones a derechos humanos" y reveló que la organización ha registrado la muerte en diferentes cárceles del país de al menos 504 personas detenidas entre abril de 2022 a marzo 2026.
Organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con la detención arbitraria con el 98 % de los casos, siendo vinculados al 75 % de los atropellos agentes de la Policía.
Bajo esta medida han sido detenidas más de 91.600 personas señaladas de ser pandilleros o tener vínculos con estas bandas.
Entre tanto, la organización Amnistía Internacional (AI) indicó en un mensaje en X que tras "cuatro años del régimen de excepción los impactos siguen siendo profundos y preocupantes para los derechos humanos".
Apuntó que "lo que inició como una medida transitoria se ha prolongado en el tiempo, dejando miles de detenciones, denuncias de detenciones arbitrarias, personas sin acceso adecuado a defensa legal y reportes de muertes bajo custodia estatal".
AI expuso que "muchas personas han sido detenidas sin pruebas suficientes, las personas enfrentan procesos sin acceso adecuado a la defensa legal y familiares continúan sin información de sus parientes detenidos".
El presidente Nayib Bukele y su gobierno defienden la polémica medida y le atribuyen el descenso de los homicidios en el país, considerado por muchos años como uno de los más violentos del mundo.