La Universidad de San Carlos juega un rol fundamental en los procesos de elecciones de segundo grado, es decir, en las que órganos colegiados y representantes gremiales designan a funcionarios de las altas cortes y entes de control como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Contraloría General de Cuentas.
Estas instituciones públicas están siendo renovadas este 2026 en procesos marcados por denuncias de varios sectores, incluido el Ejecutivo del presidente Bernardo Arévalo, de que actores corruptos intentan o bien mantenerse en los cargos o ponerlos en manos de sus aliados, razón por la cual la OEA activó una misión especial para el país.
En un comunicado, la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó su "preocupación" ante denuncias sobre presuntas irregularidades en la elección del rector de la USAC, programada para el próximo 8 de abril, entre ellas la existencia de "acreditaciones selectivas" del cuerpo electoral, la criminalización de actores universitarios y en general un clima de conflictividad.
"La Misión estima que cualquier exclusión arbitraria, selectiva o insuficientemente motivada de cuerpos electorales, así como cualquier decisión que altere – sin base clara – la composición del universo electoral llamado a votar, podría comprometer seriamente la legitimidad del proceso de elección de rector, profundizar la conflictividad universitaria y producir nuevas controversias judiciales e institucionales", advirtió la misión.
Dijo además que "las restricciones al acceso a la información, las limitaciones a la observación pública o periodística y la falta de publicidad suficiente en esta etapa reducen la confianza en el proceso y alimentan percepciones de opacidad".
Es por ello que la Misión de la OEA exhortó a las autoridades universitarias y a las cortes de justicia, incluida la Corte de Constitucionalidad, a evitar cualquier "alteración artificial" de la voluntad expresada en las urnas.
Asimismo, pidió al Ministerio de Gobernación (Interior) y a la Policía Nacional Civil garantizar la seguridad de los candidatos y electores frente a posibles actos de intimidación o violencia.