La luz verde a esta reforma, promovida por el partido supremacista judío del ministro Itamar Ben Gvir, se produce tras meses de deliberaciones en la Knéset y horas después de que se aprobara in extremis el presupuesto general de 2026, al que finalmente le dieron su apoyo todos los partidos de la coalición de Benjamín Netanyahu.
Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto.
En Cisjordania, los palestinos acusados por asesinato terrorista son juzgados por tribunales militares israelíes, ya que el Ejército israelí controla este territorio ocupado.
La nueva ley obliga a dichos tribunales a imponer en esos casos la pena capital, salvo "circunstancias especiales" -que no detalla- que podrían justificar aplicar en su lugar la cadena perpetua.
Esta cuasi obligatoriedad ha sido criticada por ONG y la ONU, que denuncian que este tipo de tribunales no tienen suficientes garantías, así como que imponer la pena por defecto atenta contra el derecho a la vida y niega a los jueces evaluar circunstancias individuales.
Además, tras la reforma el tribunal militar puede imponer la pena capital aunque no la haya solicitado la Fiscalía -órgano que en Israel actúa a menudo como contrapeso del Gobierno- y las sentencias pueden ser decididas por mayoría simple de la corte -en lugar de unanimidad como se suele exigir a la justicia militar-, sin que los jueces tengan que ostentar un alto rango militar.
En la práctica, las autoridades israelíes utilizan la calificación de 'terrorista' para referirse a palestinos que atacan a sus soldados -solo por acciones como lanzar piedras- o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.
Los ciudadanos israelíes, tanto dentro de territorio israelí como en Cisjordania (colonos ilegales), son juzgados por tribunales penales ordinarios. En este caso, la reforma añade una nueva condición para condenar a pena de muerte, además de que sea un asesinato terrorista: si se prueba que actuó con la finalidad de "dañar al Estado de Israel".
"Esto es algo extraordinario en la ley israelí", explica a EFE la abogada Miriam Azem, coordinadora del centro legal palestino Adalah, quien explica que ello dificulta extremadamente que se aplique a un judío israelí.
Además, el tribunal penal ordinario tendrá la opción de elegir entre la pena capital o la cadena perpetua.
Aunque durante la tramitación de la ley se llegó a plantear que fuera retroactiva, finalmente no lo será. Según la reforma aprobada, la sentencia a muerte se aplicará por ahorcamiento, en un plazo de 90 días desde la sentencia firme y se ocultará la identidad de los verdugos.
El condenado se mantendrá separado del resto de prisioneros y en su ejecución deberán estar presentes el director de la prisión, un juez, un clérigo, un médico y un representante de las familias de las víctimas.
Los sentenciados podrán apelar, pero los tribunales militares que juzgan a los palestinos de Cisjordania presentan una tasa de condena que supera el 99 %, según datos del Ejército recogidos por el diario Haaretz.
Los palestinos condenados por la justicia militar no podrán además recibir una conmutación de la pena ni un indulto por parte del comandante del Ejército israelí, y la reforma legal solo deja una ventana abierta a posponer la ejecución si el primer ministro lo pidiera por "razones especiales".
Si bien esta ley no se aplicará a los detenidos en relación a la masacre del 7 de octubre de 2023, se espera que la Knéset apruebe otro proyecto, conocido como 'Ley sobre el enjuiciamiento de los participantes en los sucesos del 7 de octubre', por el que un tribunal militar especial podrá sentenciarlos también a la pena de muerte.
La reforma legal aprobada supone la culminación de una política impulsada por el ministro de Seguridad Nacional Ben Gvir, denunciada por ONG y organismos internacionales por la detención masiva de palestinos sin garantías y los abusos en las prisiones israelíes.
Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, cerca de 100 detenidos palestinos han muerto entre rejas, según datos obtenidos por la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI), una cifra récord y no actualizada hace meses.
En muchos casos, fallecieron aparentemente como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, en lo que diversas ONG describen como un sistema que ha convertido los centros de detención y prisiones en "campos de tortura".