En un pronunciamiento público, el movimiento sostuvo que el objetivo común de la comunidad internacional, del Estado mexicano y de las familias debe ser “encontrar, identificar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas”.
Añadió que, aunque hubo un impulso inicial del Estado para impulsar políticas públicas, este no tuvo continuidad y derivó en el aplazamiento de mesas de trabajo ya acordadas y de una reunión con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
El colectivo señaló que la decisión del CED se basa en información recopilada desde 2012 y en aportaciones adicionales presentadas en 2025 por el Estado mexicano, la sociedad civil y familias de víctimas.
A su juicio, esta determinación refleja la preocupación internacional por las limitaciones de las capacidades estatales para prevenir, perseguir y sancionar el delito de desaparición.
Según la nota, el comité expuso que, pese a los esfuerzos institucionales y al marco normativo desarrollado en México, persisten indicadores que muestran la insuficiencia de las acciones emprendidas.
Además, citó con base en el informe del CED, 28.880 personas desaparecidas reportadas entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025, más de 4.500 fosas clandestinas con más de 6.200 cuerpos y 4.600 restos humanos hallados, así como cerca de 72.000 restos humanos sin identificar a inicios de 2026.
El MNDM recordó además que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación rechazaron en un comunicado del 2 de abril que en México exista una práctica sistemática y generalizada de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad.
Sin embargo, insistió en que el debate debe orientarse a soluciones concretas y a la atención de las familias, en medio de una crisis de más de 130.000 personas desaparecidas en el país.
Por ello, llamó al Estado mexicano a mantener la apertura al escrutinio internacional, retomar el diálogo con las familias para preparar posibles medidas derivadas de la Asamblea General y reforzar la voluntad política en los tres órdenes de gobierno.
El movimiento, integrado por más de 90 colectivos de 26 estados de México y organizaciones de Centroamérica y Estados Unidos, reiteró su disposición al trabajo conjunto.