En un video difundido hoy en redes sociales, en el que aparece en la puerta de la cárcel de Barbadillo, donde está recluido Castillo, Pérez aseguró que el caso del expresidente "ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales".
"Es por eso que asumo esta defensa con el objetivo de buscar la libertad del presidente Pedro Castillo. Haremos la resistencia legal para lograrlo desde el ámbito judicial. Por ello, llevo el mensaje: es un presidente secuestrado camino a su libertad", sostuvo.
Pérez añadió que él también es "víctima de toda la mafia que gobierna las instituciones" de su país y por ese motivo ya está ejerciendo su profesión de abogado.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la Judicatura peruana, decidió hace dos semanas no ratificar a Pérez como fiscal, tras señalar que el proceso de evaluación no había alcanzado la "convicción positiva" para renovarle la confianza.
El ahora exfiscal mantuvo durante los últimos meses enfrentamientos públicos con representantes de la JNJ y también con el fiscal general, Tomás Gálvez, luego de que este decidiera eliminar los equipos del Ministerio Público especializados en lucha contra la corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Castillo fue condenado en noviembre de 2025 a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión tras su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Ese día, el entonces mandatario anunció en un mensaje televisado que planeaba cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras lo cual fue arrestado por la Policía Nacional y destituido por el Legislativo sin los votos suficientes para hacerlo en el mismo día y sin oportunidad de ejercer su defensa dentro del proceso de vacancia (destitución) presidencial.
Pérez, por su parte, lideró en los últimos años una serie de investigaciones por el caso Lava Jato en Perú, entre ellas contra los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.
El caso más notorio fue el que llevó contra Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) que lidera actualmente las preferencias con miras a las elecciones generales del próximo domingo en Perú.
El 13 de enero de 2025, un tribunal dejó sin efecto el juicio contra Fujimori en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional y en enero pasado la Corte Superior Nacional de Justicia ordenó el archivo definitivo de ese proceso.