"El arbitraje se basa en un contrato de largo plazo para facilitar un enfoque colaborativo de negocio mediante el uso exclusivo de las operaciones de las terminales portuarias de PPC en Panamá y el acceso a un rango de instalaciones operativas e información de PPC", señaló la empresa en un comunicado.
Según PPC, "Maersk socavó el contrato y se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y un esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios".
El Supremo de Panamá anuló el pasado 30 de enero la concesión a PPC, lo que dio paso a que el Estado asumiera el control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).
En ese contexto, el pasado 23 de febrero la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entregó la operación transitoria —por hasta 18 meses— del puerto de Balboa a APM Terminals, filial de Maersk, y la del puerto de Cristóbal a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC).
La compañía sostiene que ese mismo 23 de febrero fue expulsada de sus operaciones mediante "medidas ejecutivas extremas", tras lo cual se tomó la concesión de la terminal de Balboa y se adjudicó a un operador vinculado a Maersk que habría utilizado instalaciones operativas e información de PPC.
El fallo inapelable contra la concesión a PPC, otorgada en 1997 y renovada en 2021, llegó después de años de denuncias contra ese contrato por presunta lesión al Estado, muchas de ellas formalizadas ante los organismos correspondientes pero que no prosperaron, lo que dio paso a acusaciones de corrupción.
También en medio de la presión de EE.UU., que acusó una supuesta influencia de China en el Canal por la presencia de Hutchison en los puertos cercanos, y también de Pekín, que impidió que el conglomerado hongkonés vendiera a un consorcio liderado por el gestor estadounidense de activos BlackRock unas 40 terminales alrededor del mundo, incluidas las panameñas.
El arbitraje, añade el comunicado, se realizará en Londres y, de acuerdo con la empresa, es independiente de otras acciones legales emprendidas contra el Estado panameño, al que acusa de incurrir en una conducta "anti-contrato y anti-inversionista".
"PPC perseguirá enérgicamente sus reclamaciones en el arbitraje contra Maersk y sus reclamaciones contra Panamá, así como otros derechos y remedios", puntualizó la misiva.
PPC y CK Hutchison anunciaron recientemente que ampliaron sus reclamaciones en el arbitraje internacional contra el Estado panameño hasta superar los 2.000 millones de dólares.