El pasado 6 de marzo, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Joaquín Viteri admitió a trámite una denuncia supuestamente interpuesta por el fiscal general, Carlos Alarcón, en la que pedía la suspensión provisional señalando que el movimiento estaba siendo investigado por un caso relacionado con un presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023, conocido como 'Caja Chica'.
Sin embargo, el abogado de la RC, Gabriel Rivera, aseguró este miércoles que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha emitido un informe que "excluye de cualquier responsabilidad de manejo ilícito de recursos al movimiento Revolución Ciudadana", por lo que se pidió a Alarcón que deje sin efecto el oficio que envió al TCE solicitando la suspensión.
"El fiscal nos ha contestado ayer (martes) diciendo que la Fiscalía no ha enviado ese documento al Tribunal Contencioso Electoral", dijo Rivera, que reiteró que Alarcón "no miente, porque él no lo mandó".
Según el abogado, quien habría enviado ese documento es la fiscal que investiga el caso 'Caja Chica', cuando, de acuerdo a la normativa, la única persona que lo puede hacer es el titular del Ministerio Público, por lo que pidieron "la revocatoria de la medida impuesta".
Rivera añadió que esperan que el juez "se reivindique" en "las próximas horas" para que "se respeten los derechos del pueblo ecuatoriano a elegir y ser elegido".
La suspensión de nueve meses ya ponía en duda su participación como movimiento político en los comicios locales previstos para el 14 de febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió hace dos semanas adelantar las elecciones al 29 de noviembre, lo que dejó sin margen a los correístas para ser candidatos por su partido.
Entonces Correa llamó a sus potenciales candidatos a autoridades locales a que se desafilien de la RC para que no les impidan participar en las elecciones.
En el caso 'Caja Chica', la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la Revolución Ciudadana, pues presume que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023", lo que el partido ha denominado como una "persecución".